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Limosna sanitaria no es igual a atención basada en derechos

Desde la Fundación Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Tucumán DENUNCIAMOS PENALMENTE por incumplimiento de deberes de funcionarios a la médica tratante de “Lucía”, Tatiana Obeid Pedemonte, quien además es Jefa del Servicio de Ginecología del Hospital del Este; a la Directora del Hospital Eva Perón, Elízabeth Avila; a la Ministra de salud Rossana Beatriz Chahla y al Secretario Médico del Si.Pro.Sa. Porque no nos da igual una atención basada en derechos que una limosna sanitaria

Por MUJERES X MUJERES

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Denunciamos que se dilató ILEGALMENTE el acceso a la salud, creándose barreras médico-burocráticas que configuran violencia institucional. Denunciamos que la atención clínica en este caso estuvo plagada de violaciones a los derechos de una niña como “paciente” que se traducen en el incumplimiento de los deberes que todo funcionario público que preste servicios sanitarios tiene: deber de respetar la autonomía, deber de brindar información, deber de asegurar la asistencia y deber de garantizar el trato digno y respetuoso, libre de violencias y el deber de resguardar la confidencialidad e intimidad en la atención de interrupción legal de embarazo (ILE en adelante).

Somos Organizaciones feministas y de derechos humanos que bregamos por la subsistencia y plena vigencia en implementación de una política pública central en la vida de las personas gestantes tucumanas como es la que vincula la atención sanitaria con el acceso a la ILE (Interrupción Legal de Embarazo). No queremos que ninguna niña llore para poder abortar (https://www.pagina12.com.ar/176284-la-nina-llora) y este no es el primer caso de Tucumán, donde se obstruye el derecho a la ILE en niñas.

Según la DEIS que contiene cifras estadísticas elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación, en 2018, 137 niñas tucumanas menores de 14 años fueron madres. El 19.4% de los nacidos vivos en Tucumán tiene como madres a menores de 18 años.

El caso de “Lucía” contiene irregularidades y violaciones de derechos graves denunciadas al Si.Pro.Sa y al Ministerio Público los días 13/02/2019 y 15/02/2019; y por lo mismo, consideramos que asistimos a un momento político y social bisagra para la política pública sanitaria que garantiza prestaciones médicas a personas con derecho a abortar en Tucumán, momento en el cual, el enfoque de género impone investigar a los profesionales de la salud que desde distintos lugares de poder han incumplido deberes de funcionarios públicos en desmedro de los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la intimidad, la confidencialidad, la dignidad, la salud integral y el derecho a vivir una vida libre de violencia de todas las tucumanas.

La violación de la autonomía se dió tanto en el proceso de consentimiento informado a cargo de su médica tratante, como en judicialización innecesaria de su atención clínica en sede civil y penal, en la recabación de “segundas opiniones” por fuera de lo que indica la ley 26.529 –con la realización de una Junta Médica que emitió un dictamen diciendo que su embarazo era “normal” para contrarrestar otro dictamen forense que hablaba de “resigo obstétrico alto”- y con la objeción de conciencia personal e institucional que evidentemente afectó su acceso a la salud desde el inicio de la relación médico-paciente,  y no solamente al final como declararon públicamente.

La violación del derecho a recibir información sanitaria clara, completa, acorde a las competencias de quien las recibe y basada en evidencia científica también  es incultable. Hay información sesgada, sin registrar y sobre todo, la voz de la niña no fue escuchada.  Y sobre todo, la niña ingresa en el sistema público de salud el dío 23/01/2019, debieron allí ofrecerle la interrupción legal del embarazo y sino, el día 31/03/2019 que es cuando inicia su relación sanitaria en el Hospital del Este. Porque frente a un embarazo producto de una violación es una alternativa terapéutica lícita continuarlo, o interrumpirlo. En ningún momento se le explicó qué riesgos tenía para su salud continuar ese embarazo, máxime cuando su salud estaba en riesgo no solo por su edad.

La violación del trato digno y respetuoso se dio cuando se antepuso la propia cosmovisión de los profesionales a cargo de garantizarle el acceso a la salud por sobre la voluntad de la niña y por sobre la libertad de conciencia de la niña, que aunque no les parezca a los funcionarios importante, es la protagonista del evento obstétrico y claramente manifestó su voluntad, pero fue desoída.

La violación de la confidencialidad se cuando el Dr. Vigliocco habla de la vida sanitaria de la niña en redes sociales y programas radiales haciendo alusión a su peso, por ejemplo; también cuando dice el día 15/02/2019 que la niña quiere continuar el embarazo y la violan todos los que dieron la conferencia de prensa para contar los pormenores de una atención clínica lamentable, que solo buscaba “limpiar” una hoja de ruta empantanada por las barreras y las objeciones sanitarias abiertas y encubiertas.

No hay triunfo cuando se debe mendigar la salud pública. Si en tiempos de democracia la desigualdad expondrá a quienes tienen escasez simbólica y material de recursos a quedar subyugadas en laberintos judiciales y hospitalarios, mientras que quienes pertenecen a un sector aventajado transitan sus infancias y adolescencias en Disney, entonces tampoco hay justicia social. Por eso si bien ayer respiramos hondo sabemos que no ganó nadie, perdimos todas y estamos solamente frente a una tregua (http://sinmiga.com/2019/02/28/huerfanos/)

Interrumpir un embarazo producto de una violación o que ponga en riesgo la vida o la salud es un derecho desde 1921. En el caso de una niña, cualquier niña, siempre será un derecho reforzado porque además de la violación todo embarazo pone en riesgo su salud. Por eso exigimos una atención sanitaria de calidad para ellas, basada en derechos, donde los principios de autonomía y no maleficencia sean la guía rectora de todo accionar médico, donde el abordaje integral de la salud esté garantizado y donde lo que el Estado administre frente a un pedido de ILE sea salud pública, no limosna sanitaria.

#NiñasNoMadres

 

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