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La hora de la igualdad es ahora

Por MUJERES X MUJERES

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Desde la Fundación Mujeres x Mujeres REPUDIAMOS ENÉRGICAMENTE que la adhesión a la Ley N° 27.499 llamada “Ley Micaela” haya sido sacada subrepticiamente del orden del día legislativo de este jueves. Esta ley que impone “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación” es una herramienta indispensable que Tucumán está dejando de lado para lograr la incorporación de una perspectiva de género en todos los poderes del Estado.

Los índices de violencia contra las mujeres, lesbianas, trans y travestis reclaman del Estado cumplir todos los compromisos para reconfigurar un orden social que propicia la subordinación entre los géneros y valida los privilegios  que sirven de soporte para que se inscriban los más crueles mensajes en los cuerpos disidentes con el orden sexual masculino.

La Convención Americana Belem do Pará, en su art 8 indica que los Estados parte fomentarán “la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”. En igual sentido, la Recomendación General Nº19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que “es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención”.

Por lo mismo, CONSIDERAMOS  que Tucumán vive un momento histórico para cumplir con la obligaciones estatales de asegurar mayor participación a las mujeres en espacios de poder. Para ello RESULTA INDISPENSABLE  la designación de una mujer con perspectiva de género para cubrir la vacante que se producirá formalmente cuando se haga efectiva la renuncia del Dr. René Goane.

El principio de igualdad y no discriminación, presente tanto en nuestra Constitución Nacional como en los Tratados de Derechos Humanos que integran el bloque de constitucionalidad, obligan al Estado a asegurar un enfoque de género en la conformación de espacios de poder político. Esto requiere promover, además de la paridad legislativa, la participación igualitaria de mujeres en el Poder Judicial. La CEDAW da cuenta de esta necesidad al señalar que:  La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. Estas motivaciones fueron las que llevaron a que el artículo 7, inciso b) de la CEDAW obligue a los Estados a tomar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: (…) b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo de la Dra. Elena Highton de Nolasco, publicó la versión 2018 del Mapa de Género de la Justicia Argentina. El documento releva la distribución entre varones y mujeres de la totalidad de los cargos del sistema de justicia de nuestro país. Al igual que en años anteriores, se observa que, si bien el sistema de justicia está conformado por un 57% de mujeres, su participación disminuye en las posiciones superiores. La proporción femenina es mayoritaria en el personal administrativo (61%) y en el funcionariado (62%), se reduce drásticamente entre las/os magistradas/os, defensoras/es y fiscales (44%) y es aún menor entre las máximas autoridades judiciales (27%).

Se observa que el Poder Judicial argentino es parte de un problema de dimensión mundial en relación con las condiciones que aseguren la efectiva participación social y política de las mujeres y queda así en evidencia que pocas ocupan lugares de decisión en todos los ámbitos del Estado, tanto a nivel nacional como provincial.

La promoción de la presencia de mujeres con enfoque de género en espacios judiciales, sobre todo en los Tribunales de mayor jerarquía, tiene un doble objetivo. Por lado, asegurar la participación plena de las mujeres en ámbitos políticos de poder que permitan promover diálogos más diversos  con la Comunidad.  Por otro lado,  desmantelar el andamiaje patriarcal que, enquistado en las instituciones,  dificulta una distribución equitativa del poder y consolida estereotipos de género naturalizados en la sociedad y expresados en la actividad jurisdiccional.

La perspectiva de género no es discrecional en ninguno de los poderes del Estado.

Por ello, si a la composición mayoritariamente de varones que tiene la Corte Suprema de Justicia de Tucumán -que expresa una larga historia de privilegio masculino en el acceso a los Tribunales de mayor jerarquía- se le adiciona la cobertura de la próxima vacante con otro varón, Tucumán no sólo incumplirá compromisos estatales asumidos para con las mujeres, sino que además consolidará ese “techo de cristal” inocultable que aplasta cualquier atisbo de igualdad. Y si a ello le sumamos a su vez la falta de voluntad política para que los/as funcionarios/as de todos los Poderes del Estado incorporen un enfoque de género, tal cual deja entrever la argucia legislativa de hoy que saca de agenda una ley clave para la construcción de políticas públicas de igualdad como es la “Ley Micaela”, la realidad seguirá siendo letal en términos de violencia y discriminatoria en términos de género.

La igualdad no se declama, se reclama y se respeta. Llegó la hora de tributar los compromisos estatales con la participación de las mujeres en espacios políticos clave de decisión. La perspectiva de género no es discrecional, es obligatoria. La hora de la igualdad es ahora.

 

Se reciben adhesiones a: fundacionmxm@gmail.com

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