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La violencia hacia las mujeres no espera roscas ni consensos

Por Mujeres x Mujeres

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Desde MUJERES X MUJERES reiteramos lo solicitado el 2 de septiembre de 2019 a la legislatura provincial para que adhiera, sin mas dilaciones ni reservas a la ley nacional Nº 27499, conocida como Ley Micaela (Expte. N° 86-VL-19 ).

Nos preocupan los dichos públicos del presidente de la Legislatura provincial, y actual vicegobernador de la provincia, quien en el programa “Panorama Tucumano” emitido la noche del 6 de mayo de 2020 manifestó que no sabía aún si la provincia adheriría a la ley nacional, o bien la “adecuaría” a la “realidad tucumana” y que debía lograr consensos con el bussismo y otros sectores políticos.

Nos preocupa que seamos la única provincia argentina que desde 2018 no adhirió a la normativa.

Nos preocupa y desconfiamos de la “repentina creatividad y proactividad” de una legislatura que históricamente se ha mostrado reactiva a los derechos humanos de las mujeres tucumanas, que se ha declarado “pro-vida”, que lleva casi 18 años de mora en la adhesión a la ley de salud sexual y procreación responsable, y que no hace ni dos años fue protagonista de un papelón nacional al intentar legislar contra la práctica de ILES, derecho garantizado a las mujeres desde hace casi 100 años.

Nos preocupa saber que clase de “realidad tucumana” es la que ven nuestras legisladoras y legisladores cuando de prevención de la violencia de género se trata, y que ya nos ha costado la vida de 7 mujeres tucumanas, mientras que no sabemos las de mujeres trans ya que no se tienen estadísticas al respecto.

Nos preocupa que en la “búsqueda de consensos” con sectores políticos como el bussismo que hablan de “ideología de género” y “ultrafeminismo” cuando se refieren a cumplir con obligaciones convencionales y constitucionales, como lo es la capacitación obligatoria a los 3 poderes del Estado para prevenir y sancionar eficazmente la violencia de género, expresiones que para nosotras no hacen más que desnudar la misoginia que poseen.

Nos preocupa enterarnos por televisión que nuestros derechos pueden ser negociados, restringidos y puestos en “reservas legales”

Nos preocupa que nuestras legisladoras y legisladores aún no se enteren que vivir una vida libre de violencia es un derecho humano, que es una obligación internacional y que la capacitación de los diferentes agentes estatales forma parte de esas obligaciones, que no pueden desnaturalizarla, ni reconocer menos derechos que los que ya nos reconoció la legislación nacional.

Nos preocupa, porque la falta de capacitaciones en quienes deben llevar adelante las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, solo se termina traduciendo en más revictimizaciones y violencia institucional hacia las mujeres.

Según el art. 6 inc b de la ley 26485, negar el acceso a políticas públicas de igualdad es violencia institucional.

Exigimos a la legislatura provincial que adhiera de manera urgente y sin reservas de ningún tipo a la ley Micaela.

¡Exigimos a los Legisladores y Legisladoras CESEN en la violencia institucional contra las mujeres!

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