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25N: Decimos NO a las violencias institucionales.

Desde 1981, cada 25 de noviembre se alza la voz en contra de la violencia hacia las mujeres en conmemoración de la muerte violenta de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por parte de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en República Dominicana.

Por años los femicidios, abusos sexuales, maltratos en distintos ámbitos -no solamente en la esfera doméstica-, sexismo y misoginia de una sociedad conservadora y mundialmente patriarcal se denuncian en las calles. Al grito de “Ni una menos, vivas nos queremos” mujeres y diversidades se hermanan por una causa que nos trasciende desde nuestras realidades individuales. 

Este año, desde MxM, nos propusimos mostrar otra cara de esta gran moneda de injusticias, aquella estratégicamente invisibilizada: las violencias institucionales y digitales.

¿A qué nos referimos con violencia institucional?

Violencia institucional es «aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil» (art. 6 inc. b de la Ley 26.485).

La vulneración de nuestros derechos por parte de aquelles funcionaries que deberían resguardarlo es algo tan reiterado que se volvió norma. Desde una visión arcaica y machista, por el simple hecho de representar al Estado, estas personas creen que tienen la potestad sobre nuestros cuerpos y nuestra vida toda, y frente a la obligación de investigar con debida diligencia reforzada nuestras denuncias, a veces son responsables de victimizaciones secundarias que agravan las violencias que sufren las mujeres.

Por medio de comentarios despectivos y objeción de conciencia encubierta, con violencia institucional nos niegan métodos anticonceptivos e interrupciones del embarazo. Nos miran con desprecio a la hora de hacer una denuncia, llegando al punto de no tomarla -ejerciendo de juez y verdugo únicamente nuestro aspecto o clase social- o de tomarla y archivarla sin ningún tipo de acción estatal. Cuando denunciamos violencia sexual, la vigencia de los estereotipos de género nos exponen a preguntas sobre nuestros cuerpos, nuestra vida y nuestras costumbres en una demostración evidente de una «cultura de la violación» arraigada fuertemente en los operadores del derecho y las fuerzas policiales. Además, el abordaje integral y la contención psicológica raramente son parte de las respuestas estatales y una orden de restricción -sin supervisión posterior y sin citación del agresor- suele ser la vedette de todas las resoluciones.

Recientemente acompañamos una joven víctima de violencia a revertir una sentencia judicial que le ordenaba ir a dar de mamar a su hijo en la casa de su abusador. Más allá de la restitución del niño a su madre obtenida en sede judicial, queda el sabor amargo del racismo judicial que se entrecruza a diario con los estereotipos de género, y nos lleva a preguntarnos ¿Qué será de aquellas que no buscan ayuda después de ser catalogadas como «mentirosas» por el patriarcado judicial?.

No nos olvidemos que la capacitación específica en género es obligatoria para los agentes del Estado desde el dictado de la Ley 27.499, también llamada Ley Micaela. Sin embargo, más allá de los «papelitos» y «diplomas» que acrediten este trayecto de formación, las prácticas estatales dejan al descubierto que las Instituciones no han modificado sus prácticas de manera eficaz, y un poquito de la perspectiva de género estatal murió hace poco junto con Noelia Sosa.

Las Recomendaciones N° 33 y 35 de la CEDAW son contundentes cuando exponen la centralidad que tiene el Estado en la prevención, erradicación, castigo y reparación de las violencias de género tomando en cuenta las interseccionalidades de la edad, la etnia, la posición social, la religión, la orientación sexual, la identidad de género y tantos otros contextos que connotan la vida de los cuerpos feminizados.

Nos preguntamos en este sentido ¿Por qué no avanza la investigación contra el Fiscal Sale, denunciado por instigación al delito de violación de secreto luego de pedir las historias clínicas de todas las mujeres que abortaron el 31 de Agosto? ¿Por qué María Magdalena espera desde hace 10 años que se investigue la violencia obstétrica de su legrado sin anestesia? ¿Por qué las mujeres ingresan tan rápido en el sistema penal y los agresores tardan tanto en ser llamados a rendir cuentas?

Urgen respuestas eficaces que desmonten los patrones culturales de subalternidad. Y difícilmente eso ocurrirá con selfies conmemoratorias y pancartas que se suben desde Instituciones Públicas uno o dos días al año.

¿Y qué pasa con la violencia digital?

La violencia digital es un tema del que no hablamos mucho pero se encuentra más que presente en nuestra realidad cotidiana. Este tipo de violencia es aquella que se comete a través de dispositivos móviles, Internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio de transmisión de datos.

Que las redes sociales y el uso de las herramientas digitales se volvieron indispensables en nuestra vida no es una novedad, pero no queremos enfocarnos en los típicos miramientos médicos o psicológicos que conlleva esta sobreexposición, queremos hablar sobre las múltiples formas de violencia que transcurren en la virtualidad, las cuales se multiplicaron por la pandemia.  El grooming, el ciberacoso, la pornovenganza son algunas de ellas, en las que las tecnologías digitales cobran forma de arma.

El enfoque de género impone la necesidad de advertir las desigualdades de poder que subyacen a los conflictos, pero también exige de los operadores del derecho creatividad y transversalización de esta perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué los operadores no pueden razonar adecuadamente la violación de la intimidad, el robo de imágenes y la coacción en estos casos si no es bajo patrones de integridad sexual? ¿Por qué estas violencias digitales solo perecen relevantes si las víctimas son niñas?

Poner en foco el consentimiento para las relaciones sexuales es una deuda pendiente del patriarcado judicial. Razonar los ilícitos penales de acuerdo a los parámetros de socialización del siglo XXI donde las redes son reales espacios de socialización, es imprescindible para reconfigurar nuevas formas de lesiones penales y nuevas formas de respuestas institucionales con que gestionar estos conflictos.

El silencio institucional y la falta de investigación jamás serán saludables como política pública judicial.

Conocé tus derechos para poder exigirlos

Lejos de ser un lema vacío de sentido, mantenemos firmemente que conocer nuestros derechos nos empodera. Sacarnos las vendas de la desinformación -no causalmente generada desde los agentes que monopolizan el poder- nos brinda el camino para construir una ciudadanía plena, es un primer paso para saldar una deuda histórica y para desmantelar un sistema que nos excluye y desea mantenernos pasivamente a su merced.

Con convicción, creemos que ampliar la agenda feminista es una pendiente que nos proponemos saldar. Es por ello que embanderamos esta premisa y, semanas previas a este día, las integrantes de la Fundación Soledad Deza, Noelia Aisama, Adriana Álvarez, Fernanda Mónaco, Sodía Gandur, Mariana Alvarez, Ivana Romero, Josefina Navarro, Jimena Roselló, Valentina Navarro y Magalí Fernández protagonizaron la campaña en redes sociales la cuál, desde una mirada interseccional, se trataron todos estos temas.

Así es como, este 25 de Noviembre, desde MxM le decímos NO a todas las formas de violencia.

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