#3j: Hoy 10 años después seguimos diciendo ni una menos
Ni Una Menos nació en 2015 en Argentina como respuesta al femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que fue asesinada por su novio en la provincia de Santa Fe. La noticia conmocionó al país y generó una ola de indignación y movilización en las redes sociales y en las calles.
Un grupo de periodistas mujeres, indignadas por la situación, se juntaron y decidieron convocar a una marcha masiva bajo el hashtag #NiUnaMenos, que se convirtió en un grito colectivo que convocó a miles de personas en todo el país para exigir justicia y políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género.
Cuando asesinaron a Chiara, había un femicidio cada 40 horas; hoy hay uno cada 28 horas.
En Tucumán, hubo 3 femicidios en un mismo fin de semana. Sole, Cecilia, Fernanda, Verónica, Julia y ¿Cuantas más? estamos ante una situación de alerta constante.
Cada vez la situación se agrava más y más, y empeora con un gobierno que, abiertamente demuestra que ataca a las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres.
“Ni una menos porque el desmantelamiento de las políticas públicas de violencia de género afecta la igualdad”
Cada vez más, las mujeres en Argentina enfrentan un entorno hostil donde sus derechos son sistemáticamente atacados. La combinación de la eliminación de programas de asistencia, la falta de recursos para la prevención de la violencia de género y la restricción de derechos reproductivos crea un panorama desolador. Es fundamental visibilizar la crisis de violencia de género y la desprotección que enfrentan las mujeres, así como exigir políticas públicas que garanticen su seguridad, salud y derechos.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta gestión es la eliminación de la palabra «femicidio» del discurso oficial. Este cambio no sólo desdibuja la gravedad de la violencia de género, sino que también deslegitima las experiencias de las mujeres que sufren esta violencia.
Al denominarlo simplemente «homicidio de mujeres», se minimiza la especificidad del problema y se desatiende la necesidad de políticas públicas efectivas para su erradicación.
La reciente celebración del ministro de Justicia, Cúneo Libarona, a través de X, antes llamado twitter, por el cierre de 13 programas del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, ha desatado una ola de críticas y preocupación entre organizaciones de derechos humanos y feministas. Entre los programas eliminados se encontraba el de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género, así como el de promotoras y promotores territoriales, que desempeñaban un papel crucial en la atención y prevención de la violencia de género.
La celebración del ministro, en la que afirmaba que el Estado se «ahorraba» 6 mil millones de pesos, es una muestra clara de la deshumanización y la falta de sensibilidad hacia un problema que afecta a miles de mujeres en el país. Desde el inicio de esta gestión, estos programas ya habían sido vaciados y desfinanciados, y en 2024 no se ejecutó presupuesto alguno para garantizar la protección y asistencia de las mujeres en situaciones de violencia.
“Ni una menos porque es violencia de género que haya muertas por abortos inseguros”
La situación se agrava aún más con la constante obstaculización del acceso al aborto, un derecho fundamental para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Esta restricción no sólo pone en riesgo la salud física de las mujeres, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y vulnerabilidad. La falta de acceso a servicios de salud adecuados y seguros limita la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas. Además, la escasez de medicación necesaria para garantizar la salud de las mujeres empeora aún más esta crisis.
La violencia institucional ejercida por profesionales de la salud que se consideran “objetores de conciencia” también es un factor crítico, ya que muchas veces se niegan a brindar la atención necesaria, lo que deja a las mujeres en una situación de desamparo y desesperación.
“Ni una menos porque es violencia de género la criminalización de emergencias obstétricas”
En Tucumán tenemos otro caso: Belén. Eva tenía 18 años cuando fue acusada por homicidio agravado por el vínculo, tras un parto en avalancha en un hospital de la provincia. La juzgaron, la humillaron y, en lugar de recibir la atención médica necesaria, se convirtió en víctima de un sistema que criminaliza a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Eva, como muchas otras, enfrentó no solo el trauma de una emergencia obstétrica, sino también el peso de un juicio que la estigmatizó y la despojó de su dignidad. Este tipo de situaciones son un reflejo de la violencia de género que persiste en nuestra sociedad, donde las mujeres son culpabilizadas y castigadas en lugar de ser apoyadas y protegidas.
Es fundamental que se visibilicen estos casos y se exija un cambio en la legislación que garantice el derecho a la salud y la protección de las mujeres. La criminalización de emergencias obstétricas no solo es una violación de derechos humanos, sino que perpetúa un ciclo de violencia que afecta a las mujeres en su totalidad.
Por eso decimos: Ni una menos. La lucha por la despenalización de las emergencias obstétricas es una lucha por la vida, la dignidad y el respeto hacia todas las mujeres. No podemos permitir que el miedo y la culpa sigan siendo parte de las experiencias que tenemos que atravesar solo por el hecho de ser mujeres
Nos unimos para alzar la voz contra la violencia de género y exigir justicia para todas las mujeres que han sido víctimas de este flagelo. Este movimiento no solo simboliza nuestra resistencia, sino también nuestra solidaridad y fuerza colectiva. Juntas, reafirmamos que no tenemos miedo y que continuaremos luchando por nuestros derechos, porque cada paso que damos es un avance hacia un futuro más justo e igualitario. En la unión de nuestras voces, encontramos el poder para transformar la realidad y construir un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia.
