Sin las presas no hay ni una menos
Una sociedad del descarte donde la muerte violenta de cuatro mujeres en manos del Estado no nos horroriza. Es por eso que presentamos una Carta de Alegacion al Relator del Comite contra la Tortura para que se investigue de forma correcta lo sucedido y se revean las condiciones de las personas privadas de la libertad.
Por Mujeres x Mujeres
El pasado 2 de Septiembre, en el interior del edificio donde funciona la Brigada Femenina, ubicada en la calle Las Heras de Concepción, se produjo un incendio que se cobró la vida de cuatro de sus internas.
El fuego, según la versión oficial, se inició una protesta por el pedido de traslado de una de ellas al Penal de Santa Esther. Con el correr de los días nos fuimos enterando, por la voz de sus familiares, que las condiciones de detención de las mujeres alojadas allí eran y continúan siendo paupérrimas y desesperantes.
El mismo Estado que sostenía y sostiene el “quedate en casa” como un mantra contra la epidemia de COVID- 19 no encontró un correlato coherente en el poder judicial local, que no paró de emitir medidas de privación de la libertad, aun cuando ya antes de la pandemia Tucumán tenía un 30% de superpoblación carcelaria, y una crisis denunciada hasta por la Procuración Penitenciaria de la Nación y reconocida por la misma Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Tucumán engrosa la lista de provincias que no cuentan con un comité local de prevención de la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. Sancionaron las leyes 8523 y su modificatoria la 9266, que permitirían que la sociedad civil monitoree los lugares de encierro, pero nunca pusieron en funcionamiento el mecanismo. Las cárceles y las comisarías continúan siendo espacios de excepción, esos lugares oscuros de los cuales en general, nuestras buenas conciencias, no quieren ni saber.
Desde Mujeres x Mujeres presentamos ante el Relator Especial contra la Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes una comunicación relativa a la preocupación por el estado de hacinamiento, de aprisionamiento y las condiciones inhumanas y degradantes en general en que se encuentran las personas privadas de libertad en la provincia de Tucumán.
La muerte por asfixia y fuego de 4 jóvenes mujeres en la Brigada Femenina de la ciudad de Concepción el 2 de septiembre pasado no fue un hecho aislado y casual, es el resultado de una declamada “crisis” que lleva más de 6 años, la falta de políticas públicas serias en materia carcelaria, la quintuplicación del número de personas privadas de libertad en la provincia, falencias edilicias graves, falta de control jurisdiccional sobre las personas a las que privan de libertad, la falta de un mecanismo local de prevención contra la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, entre otras, es lo que nos hace temer que este tipo de hechos se repitan.
Un Estado garante de la igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencia no puede mirara para otro lado cuando ocurren estas cosas.
Como organización feminista nos preocupa el silencio del poder judicial que controlaba las penas privativas de libertad y, por sobre todo, el silencio de los mecanismos de género transversales a los poderes del estado, que parecen olvidar que: SIN LOS DERECHOS DE LAS PRESAS, NO HAY NI UNA MENOS.
