Resistencia en tiempos de desfinanciamiento: Educación Publica
En Argentina, una ola de tomas en universidades públicas está sacudiendo el sistema educativo. Estudiantes, docentes y no docentes se han unido en una protesta contundente contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de presupuesto. Este movimiento no solo es en defensa de la educación pública, sino también una lucha contra la privatización que amenaza con convertir el acceso al conocimiento en un privilegio para unos pocos.
La Fundación Mujeres por Mujeres se opone firmemente a esta medida, reafirmando que la educación es un derecho fundamental y universal. En un contexto donde las mujeres y las disidencias enfrentan barreras adicionales para acceder a la educación. La defensa de este derecho se vuelve aún más crucial. La falta de financiamiento afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, perpetuando desigualdades de género y clase.
En solidaridad con la comunidad universitaria, la Fundación Mujeres por Mujeres ha organizado clases públicas en Plaza Independencia liderada por su presidenta y fundadora Soledad Deza, con el tema “Ciudadanía académica y violencia institucional”, también en la Facultad de Filosofía y Letras donde nuestra coordinadora institucional Florencia Sabaté dio una clase sobre Taller Literario. Estas acciones no solo buscan visibilizar la importancia de la educación pública, sino también fomentar un diálogo constructivo entre la sociedad y el gobierno. En un momento en que la violencia institucional se hace presente en las universidades, es vital recordar que la educación debe ser un espacio seguro y accesible para todas las personas, sin distinción.
Consideramos importante destacar que la educación pública NO debe ser desfinanciada; al contrario, debe ser protegida y fortalecida. En este sentido, es imperativo que la comunidad se una en defensa de la educación
La creciente militarización de los espacios educativos plantea serias preocupaciones sobre la autonomía universitaria y el respeto a los derechos humanos. La violencia institucional no solo afecta a los estudiantes y docentes, sino que también tiene un impacto directo en las mujeres y disidencias, que a menudo son las más afectadas en situaciones de conflicto. La Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, establece que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden judicial previa.
La lucha por la educación pública es una lucha feminista. Es un llamado a la acción para garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan acceso a una educación de calidad. La comunidad educativa debe unirse para exigir cambios y asegurar que la educación siga siendo un bien común, no un privilegio. En este momento crítico, es esencial que el gobierno escuche las demandas de la comunidad universitaria y actúe en consecuencia, garantizando el financiamiento necesario para mantener la educación pública como un derecho accesible para todes. La defensa de la educación pública es una tarea colectiva y urgente.
