Tucumán: juicio a una joven por una emergencia obstétrica reabre el debate sobre la criminalización en el sistema de salud
Este viernes terminó el juicio oral de una joven acusada de homicidio agravado por el vínculo luego de atravesar una emergencia obstétrica en el baño de un hospital público donde estaba internada. El caso vuelve a poner en discusión las violentas respuestas institucionales frente a eventos obstétricos adversos y la selectiva criminalización de mujeres pobres.
Eva tenía 18 años cuando el 7 de noviembre del 2023 ingresó a la guardia de un Hospital Público de Tucumán con dolor de estómago cerca de las 17 hs. La atendió un médico, 1 hora y media después, durante 4 minutos y le diagnosticó lumbalgia. Le prescribió un tratamiento analgesico a través de un suero y quedó internada en observación. A las 19 hs pidió permiso a la enfermera para ir al baño y tuvo un parto precipitado sin asistencia. Nadie fue a verla. Pasó el tiempo, cambió la guardia y entraron otras enfermeras que también se olvidaron de ella. Cuando Eva pudo salir del baño, ayudada por una amiga, ya era tarde. Primero se convirtió en sospechosa de aborto y después en acusada de homicidio. La derivaron a la Maternidad desgarrada y con custodia policial horas después.
A fines del 2025, el Juez Marcos Núñez Campero decidió elevar a juicio oral esta causa, desestimando la solicitud de sobreseimiento que argumentó que una emergencia obstétrica no es un delito.
Actualmente, la Fiscalía, representada por el Auxiliar Fiscal César Larry, con delegación de funciones del Fiscal Gerardo Salas, solicita una pena de ocho años de prisión. Sin embargo, su Defensa Técnica, ejercida por Soledad Deza, Agustin Sabaté y Malena Gato, pidió la absolución de Eva y planteó que la voluntad de Eva no tuvo que ver con su parto en avalancha que se dio, sin asistencia, mientras cursaba una internación dentro del del Hospital.
La Defensa también sostuvo que la investigación preliminar tuvo un sesgo de género al no abrir hipótesis de investigación alternativas a la culpabilidad de la paciente, sin respetar las garantías constitucionales del debido proceso, entre otras, la de la confidencialidad. La denuncia policial de Eva fue dispuesta por el Jefe de Guardia, la Partera y avalada por la Directora del Hospital. También se discutió en el debate oral la validez de la autopsia que afirma un nacimiento con vida, realizada por el Perito de la Fiscalía, por carecer de conclusiones científicas.
En el juicio oral también se puso en debate la presencia policial dentro de los Hospitales y se señaló que la interacción de personal de salud con las usuarias es una forma de violar la intimidad.
La historia de Eva llega a esta instancia porque la triada de poderes biomédicos, judicial y policial acusa a Eva de ocultar un embarazo que diez profesionales de la salud de un Hospital no pudieron tampoco detectar.
El caso fue puesto en relación con otros casos de criminalización de emergencias obstétricas, como el de Belén en Tucumán y el de Manuela en El Salvador, que años después derivó en una condena internacional al Estado salvadoreño por investigaciones atravesadas por estereotipos de género.
En este contexto, el juicio vuelve a abrir una discusión de fondo: cómo responde el Estado frente a quienes llegan al sistema de salud buscando ayuda y terminan enfrentando procesos judiciales. El próximo viernes 29 de Mayo el Juez del Colegio de Jueces de Monteros Matías Graña dictará sentencia.
Ni una presa más por emergencia obstétrica en nuestro territorio.
