¿Cómo acceden al aborto las mujeres trabajadoras en Tucumán?
Contexto actual
La situación del aborto en Tucumán es preocupante, especialmente para las mujeres trabajadoras. Entrevistamos a Soledad Deza, presidenta de nuestra Fundación, para que nos cuente en detalle qué está pasando. Destaca que el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se ha visto afectado por políticas públicas de género debilitadas desde la llegada de este gobierno libertario.
¿Qué esta pasando con el acceso al aborto en Tucumán?
¿Cómo perciben la situación actual en la provincia en relación con el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)?¿Qué modificaciones han observado en el último año respecto a la demanda de asistencia para acceder a la IVE/ILE? ¿Las personas que buscan acceder a estos servicios enfrentan más dificultades que antes? Si es así, ¿Cuáles son los principales problemas que deben afrontar?
El panorama es bastante desolador, como lo es para todas las políticas públicas de género desde que llegaron los libertarios al gobierno. Según información del Programa de Salud Sexual de la Provincia, 3097 IVEs/ILEs se garantizaron en Tucumán en 2024, un 30 % menos que en años anteriores y esto puede tener causas múltiples. No hay tratamientos farmacológicos para abortos ambulatorios y, desde que el Ministerio de Salud de la Nación interrumpió el abastecimiento, la Provincia no ha comprado la medicación. Hay efectores del interior de la provincia que carecen de métodos anticonceptivos también, ahí se visibilizan que el desabastecimiento no es la única forma del desguace neoliberal de la salud social ya que se se adiciona la desintegración de la Red Operativa que funcionaba bastante bien para interconectar con eficacia demandada y respuestas territoriales. También han disminuido la cantidad de efectores que aseguran la prestación sanitaria de ILE/IVE y creemos que es a consecuencia del debilitamiento en las obligaciones de supervisión y rectoría del Ministerio de Salud local.
A ello se suma el obstáculo inocultable del empobrecimiento de la población que dificulta la movilidad de las usuarias hacia los centros urbanos. En nuestro proyecto “Empalme” recorrimos todas las comunas y comprobamos circuitos de derivaciones que dificultan el acceso o directamente impiden cumplir los plazos de la ley 27.610 y que hay incluso derivaciones ilegales. Finalmente el impacto de las narrativas oficiales de Milei que ponen en términos de asesinato lo que es un derecho – el aborto- provocan confusiones en las usuarias y hasta desincentivan la consulta. El diagnóstico territorial del “Empalme” ha sido presentado por escrito al Si.Pro.Sa con un pedido de audiencia que aún no fue concedido.
En el CAPS María Auxiliadora, por ejemplo, no hacen consejería de salud sexual para adolescentes si no van con sus padres y eso es un retroceso de casi 20 años en autonomía progresiva. Hay Hospitales alejados de la capital donde el personal que asegura salud sexual trabaja 2 días cada quincena. Hay CAPS en losValles donde están entregando vencidos los métodos anticonceptivos porque la tasa de natalidad es baja o donde están desde el mes de marzo sin ningún método. Es decir, los discursos neoconservadores que prometen el gobierno de los cuerpos para reproducción social no son una simple amenaza o un latiguillo de campaña solamente, están en acción y arrasan la soberanía sexual de quienes menos información tienen: mujeres rurales, mujeres pobres y mujeres jóvenes con un menú catastrófico de escasez. ¿Qué repercusiones podría enfrentar el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, por no cumplir con la Ley 27.610?Han intentado establecer un diálogo con las autoridades del sistema de salud, ya sea a nivel provincial o nacional? ¿Qué respuestas han recibido, si es que las hubo? ¿Han considerado o iniciado acciones legales para exigir el cumplimiento de la ley en cuestión?
En la Fundación contamos desde hace un tiempo con un consultorio de salud sexual habilitado y es una respuesta en medio de otras que pensamos en estos últimos tiempos. Volver al territorio es otra de las maneras que encontramos para cerrar brechas, vamos en nuestra camionetita verde y además de monitorear los servicios, nos encontramos con otras que desde sus lugares hacen. Las redes son indispensables cuando la racionalidad burocrática del desguace se apodera del Estado y así como señalamos los retroceso, también reivindicamos muchxs profesionales del Estado que sostienen sobre sus espaldas-y sin ningún tipo de reconocimiento y a veces hasta con destrato- la política pública de que asegura el derecho a abortar.
Nos reunimos en Diciembre con el Programa de Salud Sexual y le manifestamos la preocupación por el desabastecimiento de medicación y antes de ello, nos reunimos con la Dirección del Si.Pro.Sa a propósito de un caso de ILE de una niñita de 11 años obstaculizado por la Subdirectora del Avellaneda. Todos se muestran y dicen estar preocupadxs, pero nadie toma verdaderamente cartas en el asunto para modificar la realidad. Y ahí está la perversión mayor: el gobierno de la Nación quiere descargar en las provincias sus obligaciones de asegurar un piso mínimo en salud, las Provincias cuestionan -con buenas razones- ese falso federalismo; y en el medio de egos y genuflexiones, desdibujadas en disputas políticas, quedan las niñas, adolescentes y mujeres abandonadas a su suerte.
Estamos trabajando en una acción legal que en los próximos días presentaremos y venimos trabajando en apuntalar la calidad de atención: somos querella en un caso donde se está investigando el delito de “obstrucción de aborto” de la ley 27.610 y también estamos defendiendo a Eva, una joven de 18 años criminalizada por una emergencia obstetrica ocurrida dentro de un Hospital del interior de Tucumán.
Nos reunimos con la Defensoría de la Niñez de la Nación los primeros días de febrero por estos temas de obstáculos ya que en 2023 iniciamos un expediente para que saquen una Recomendación de “Niñas No Madres” estandarizando las violaciones de derechos de NNyA que implica negar una ILE.
Tenemos un pedido de información pública a la Secretaría de DDHH de la provincia denunciando las violencias de género derivadas de la criminalización de emergencias obstétricas y varios pedidos en el Si. Pro.Sa que continúan sin respuesta.
Iniciamos un amparo contra la Secretaria de la Mujer porque no brinda información, ni siquiera sobre feminicidios pese a que hubo 3 un mismo fin de semana de Octubre.
Todos estos litigios administrativos terminarán judicializados frente al silencio y la realidad que empeora día a día.
También iniciamos una acción de amparo contra el Estado Nacional, junto a Transformando Familias, para revertir el DNU que afecta a las adolescencias trans. Y junto al NiUnaMenos, ELA, Fundeps y FEIM iniciamos una acción judicial para que detengan el desguace de las políticas públicas de violencia donde el 30 de diciembre pasado logramos una medida cautelar que resguarda.
Pero son muchos y muy descarnados los embates de las ultraderechas que desató el delirio libertario de odio contra las mujeres y diversidades, es importante que comprendamos que la lucha por la libertad sexual es una sola y que es tiempo de alianzas, no de fragmentarnos.
¿Cuál es el efecto de esta situación en la salud y en la vida de las personas gestantes que no pueden acceder a la IVE de manera segura? ¿Existen preocupaciones sobre cómo la falta de acceso a un aborto seguro podría incrementar la criminalización de aquellas que se ven obligadas a recurrir a métodos clandestinos?
El impacto es muy profundo y, como siempre, más desproporcionado en quienes cuentan con menos herramientas materiales y simbólicas. Estamos recibiendo consultas a diario sobre si el aborto “sigue siendo legal”, y ahí hay un bache importante de información pública porque el Estado está obligado al menos a una campaña anual sobre salud reproductiva por la ley 25.673 y no la hace, fíjate cómo toda la población aprendió a descacharrar para contrarrestar el dengue. O sea, cuando hay interés y voluntad, la información llega a la población.
Estamos recibiendo y documentando casos de hospitales públicos que les dan una prescripción de Misoprostol para comprar en farmacia: el salario mínimo vital y móvil no supera los $300.000 y el tratamiento cuesta $186.000 al público ¿Cómo el Estado mira para otro lado con tanta desidia y crueldad?
Según información del Programa de Salud Sexual en 2024 se garantizaron 288 ILEs en niñas de entre 10 y 19 años, 22 de ellas a niñas de entre 10 y 14. Si la ESI cae presa de la famosa “batalla cultural” y se llena de valores criastianos de resignación y maternidad obligatoria es muy factible que nuestras niñas madres sean cada vez más, y no menos como exige su desarrollo humano. No solo tememos que incremente la criminalización de mujeres, tememos la naturalización del abuso sexual y la violencia que anulan el consentimiento de un embarazo a cualquier edad, tememos sobre todo que vuelvan las “mujeres fundidas” de los abortos inseguros, las “sépticas” de la pobreza y la desesperación, volverán las muertas por aborto cuando la cifra había bajado a 0 después de la ley 27.610.
¿Qué mensaje les transmitirían a aquellas personas que necesitan acceder a un aborto y se encuentran con obstáculos en el sistema de salud?
Abortar es un derecho en Argentina. Desde hace más de 100 años es un derecho abortar embarazos producto de relaciones sexuales forzadas o embarazos que pongan la salud o la vida en riesgo. Y que desde el 30 de diciembre de 2020 abortar hasta la semana 14 inclusive sin ningún tipo de explicación, también es un derecho. Les diría que si tienen problemas para acceder a una ILE o a una IVE, o si quieren información para una decisión más certera, estamos para acompañarlas a exigir que se respete ese derecho sin discriminación, y sin violencia. Les diría que no tengan vergüenza de decidir porque vergüenza tienen que tener quienes violan sus derechos y les hacen mendigar un aborto
