El aborto legal no se mendiga: se garantiza
Desde la Fundación Mujeres x Mujeres presentamos una demanda judicial contra el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) (Expte: 694/25, tramitado por ante la Sala 1 de Cámara Contencioso Administrativo) para que cese en Tucumán la violencia contra la libertad reproductiva y se ordene al Estado que informe en qué Hospitales o CAPS tiene stock de tratamientos farmacológicos para garantizar interrupciones de embarazo.
Durante el año 2025, la Fundación acompañó y asesoró al menos 78 niñas, adolescentes y mujeres que intentaron acceder a un aborto legal en hospitales y CAPS públicos de la provincia y encontraron obstáculos sistemáticos, principalmente por la falta de medicación esencial (mifepristona y misoprostol, el llamado “combipack”). Estas barreras se produjeron incluso en instituciones que el propio SIPROSA señala oficialmente como lugares donde la práctica estaría garantizada.
Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad concreta del sistema de salud genera un estado de incertidumbre institucional y sanitaria que vulnera derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, a la autonomía reproductiva, a la igualdad, a la no discriminación y a vivir una vida libre de violencias. Cuando el aborto legal existe en la ley pero no en la práctica, el derecho se vacía de contenido.
La falta de medicación no es un problema administrativo menor: es una forma de violencia institucional y de violencia contra la libertad reproductiva, reconocida como delito por el artículo 85 bis del Código Penal.
Además, obliga a muchas mujeres y niñas a atravesar dilaciones, humillaciones, revictimizaciones o, directamente, a recurrir a prácticas inseguras. En enero de este año, una joven de 23 años murió en Tucumán como consecuencia de un aborto séptico, una muerte absolutamente evitable en un contexto de acceso real a la salud.
Nuestra acción judicial no busca sanciones penales individuales, sino algo previo y esencial: que el Poder Judicial ordene al Estado informar de manera clara, precisa y verificable:
• en qué instituciones públicas hay stock real de medicación para IVE/ILE
• qué equipos de salud están efectivamente disponibles para garantizar estas prácticas
La salud y la vida de las mujeres no pueden depender de la “buena voluntad” de cada hospital o de cada dirección médica. El SIPROSA es el ente rector de la política sanitaria provincial y tiene la obligación legal y constitucional de garantizar el acceso efectivo y no meramente declamativo al aborto legal.
Este litigio se inscribe en una estrategia más amplia de prevención del daño futuro. Cada barrera documentada es una advertencia: cuando el Estado incumple, el riesgo no es abstracto, es concreto, y se mide en sufrimiento, enfermedad y muerte.
En el caso de niñas y adolescentes, forzar la continuidad de un embarazo no deseado puede constituir incluso una forma de tortura, según los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde la Fundación Mujeres x Mujeres sostenemos que sin información pública clara, sin medicación disponible y sin equipos de salud accesibles, no hay derecho a decidir. Por eso acudimos a la Justicia: para que se termine la incertidumbre, para que el Estado asuma su responsabilidad y para que ninguna mujer, niña o adolescente en Tucumán vuelva a enfrentar sola la violencia institucional cuando busca ejercer un derecho que la ley ya reconoce.
Porque el aborto legal no se mendiga: se garantiza.
En Tucumán, la ley existe, pero el acceso sigue siendo selectivo, frágil y muchas veces clandestino dentro del propio sistema público de salud. Esa brecha entre la norma y la realidad no es casual ni neutra: tiene responsables políticos y produce consecuencias concretas sobre los cuerpos y las vidas de mujeres, niñas y adolescentes.
No hay “objeción de conciencia institucional” que justifique hospitales sin medicación. No hay excusa administrativa frente a una muerte evitable. No hay neutralidad posible cuando el Estado calla, oculta información o desarticula el acceso a un derecho humano básico.
Litigar también es una forma de cuidar.Esta acción judicial es parte de una lucha colectiva más amplia por la justicia reproductiva, por un sistema de salud que deje de castigar la autonomía de quienes pueden gestar y por un Estado que asuma, de una vez, que la maternidad forzada es violencia.
Desde Mujeres x Mujeres reafirmamos que sin acceso real no hay derechos, y que cada obstáculo impuesto al aborto legal es una forma de disciplinamiento sobre los cuerpos feminizados. Seguiremos acompañando, denunciando y exigiendo. Porque nuestras vidas no pueden depender de la discrecionalidad de ningún funcionario, ni del stock de un depósito, ni del silencio institucional.
El aborto es legal.
El derecho es ahora.
La responsabilidad es del Estado.
