«El cuerpo de las mujeres ocupa un lugar público”
La abogada tucumana de “Católicas por el Derecho a Decidir” tomó notoriedad luego del caso “Belén”, detenida por haber tenido un aborto espontáneo. En Resistencia, Deza tuvo dos charlas, una de carácter más militante y otro enmarcado en la actuación judicial sobre el tema.
Por El Diario de la Región - Chaco
Soledad Deza es abogada y militante tucumana de “Católicas por el Derecho a Decidir”, organización que trabaja por los derechos de las mujeres a abortar y tener autonomía sobre su cuerpo. Invitada por la diputada nacional por el Chaco, Lucila Massin y el frente de género de La Cámpora, dio dos charlas en el día de ayer: una por la mañana bajo el título “Quién decide sobre el cuerpo de las mujeres”, con un enfoque de charla debate en el Sindicato de Prensa. El otro fue por la tarde, una conferencia sobre “Género y Salud”, orientado a profesionales sanitarios y judiciales. Esto fue en el Salón Auditorio del Centro de Estudios Judiciales.
Durante la mañana, Deza dio un recorrido por las distintas perspectivas desde dónde se puede abordar el tema de la interrupción legal del embarazo, es decir el aborto. Para la letrada, es fundamental que el debate en “hablar en términos de autonomía y no sólo de salud”, porque eso va a permitir a las “mujeres diseñar su propia biografía”. Para ella, el vacío legal con respecto al aborto, hizo que las mujeres fuesen intervenidas por agentes externos por las religiones y el mismo Estado.
“El cuerpo de las mujeres ocupa un lugar público”, señaló y aclaró con respecto al tratamiento médico que “la consulta por aborto no suele identificarse como una consulta de salud, o sino ¿por qué hay que activar protocolos?” al respecto. En ese sentido, indicó que desde 1921 que en el país el aborto es una prestación de salud lícita. Y luego del conocido como “Fallo FAL”, es increíble que una corte “tenga que actualizar una ley tras 100 años”.
Continuando con esta mirada de acceso a la salud ya lícita desde hace largos años en la Argentina, expresó que como todo derecho humano, no existe un derecho a la persona a estar sana, sino a tener las prestaciones y servicios necesarios. Y es así como la mujer que va a la consulta médica por una interrupción del embarazo “va porque no tiene un estado de bienestar completo”. Y si se hace una atención “diferenciada se habla en términos de discriminación.
“Si se corta la información estamos incidiendo en la autonomía de las mujeres”, destacó, ante el trato hegemónico que suele tener la medicina ante la paciente y como cercenan la posibilidad de la mujer de interrumpir su embarazo. “Las pacientes son soberanos legalmete” de su tratamiento, manifestó, y para ello debe tener información sanitaria integral, un trato digno y respetuoso, además se asegurarse la confidencialidad e intimidad de todos los agentes sanitarios.
EL DATO FÁCTICO
En su alocución, Deza resaltó que otra perspectiva para empezar a hablar de aborto y de autonomía en los cuerpos de las mujeres, es tener en cuenta que “forma parte de nuestra realidad social”. En ese contexto mostró el último informe del Ministerio de Salud de la Nación que reconocía que había anualmente unas 320 mil a 522 mil abortos por año. En el 2016 hubo 55 mujeres muertas por abortos y el número va en crecimiento. Además de ese número, más de 30 no superan la franja de edad de 9 a 30 años.
La abogada se mostró imperante en desarmar el argumento conservador que habla de los índices de mortalidad son bajos para que sea una problemática de agenda pública. Por un lado, destacó que hay mucho vacíos en cuánto a estadísticas oficiales que no tienen en cuenta otros factores para poder diagnosticar la complejidad de la situación. Por otro, aseguró que “una ya es una muerta injusta, ya es una exorbitancia”, porque esta es una realidad por la cual ya atraviesan medio millón de mujeres al año, y que en este contexto puede ser su final si no cuentan con s prestaciones básicas del servicio de salud. “La Argentina no pudo cumplir con la meta internacional de bajar a un dígito la mortalidad materna”, a diferencia de otros países latinoamericanos, agregó.
Sobre la legislación y los protocolos existentes, puso la mirada crítica en dejar de ver al derecho como una “meca, sino como un punto de partida”. Y también en cuestionar y cuestionarse por qué sólo las leyes que atentan contra la reproducción de las mujeres son las que tiene hasta ahora una “objeción de conciencia”, es decir de moral, en su articulado y que puede caer en la herramienta más violenta que tiene el Estado que es la pena de cárcel.
