Justicia por la soberanía de los cuerpos de niñas y adolescentes
En Tucumán sucedió un precedente histórico en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. La Fundación MxM, con nuestra presidenta Soledad Deza a la cabeza, se constituyó como querellante de una obstaculización de una Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 12 años, víctima de abuso sexual.
La víctima llegó al Hospital Avellaneda en febrero de 2024 a solicitar una ILE y fue manipulada para continuar la gestación. Ese derecho estaba plenamente amparado y no requería declaración jurada al ser menor de 13 años. El personal del servicio registró la voluntad de la menor de no continuar con la gestación.
Sin embargo, en lugar de garantizar el acceso a su derecho y llevar a cabo el protocolo correspondiente, se dilataron los tiempos dentro del servicio mientras se manipulaba la decisión de la víctima. Esta vulneración de su derecho se sentó en las vulnerabilidades económicas de ella y de su madre. Desde MxM consideramos que esto es violencia institucional contra una niña y que, con este accionar, se profundizaron las desigualdades estructurales para el acceso a la justicia reproductiva a través de las tretas económicas que realizó el personal del establecimiento.
Las tácticas que utilizó el personal para coaccionar la voluntad de la víctima fueron varias. A la niña la llevaron a hacerle una ecografía innecesaria, le mostraron la columna del feto y le hicieron escuchar los latidos con el objetivo de atemorizarla respecto al procedimiento. El derecho a la información en una consulta de aborto incluye el derecho a no recibir información inadecuada o a rechazar estudios de imágenes o latidos que busquen conmover la decisión y afectar la autonomía.
La madre de Leticia, una mujer económicamente vulnerable, retrocedió en la decisión por temor a una denuncia penal (similar al caso «Belén» de 2014, ocurrido en el mismo hospital). Como Fundación señalamos que a la madre le habrían ofrecido “ayuda» material a cambio de modificar la decisión. Esto pone en evidencia que la obstaculización se aprovecha de la situación económica de las víctimas y actualiza en sus vidas las desigualdades estructurales y sistémicas.
Como querellantes señalamos que el personal había cometido el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, enfocándose en el nuevo delito incorporado por la Ley 27.610 (IVE): el Artículo 85 bis. Este artículo reprime al funcionario público o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto autorizado.
La Ley 27.610 establece que el acceso a la interrupción debe garantizarse en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde el requerimiento, enfatizando la celeridad/rapidez porque «cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada». Durante la investigación, más de diez profesionales del equipo de salud fueron a declarar ante la Fiscalía.
El proceso judicial del caso Leticia culminó con una resolución que estableció dos medidas de reparación significativas. Se exigió una reparación económica a la subdirectora de la institución donde sucedieron los hechos, una medida que busca la sanción por la responsabilidad profesional y administrativa derivada de la obstrucción del derecho.
Se dictaminó una reparación comunitaria en el Hospital Avellaneda, todavía pendiente, que consiste en la capacitación obligatoria al personal de salud sobre sus obligaciones como efectores del derecho.
Esta medida de reparación comunitaria apunta directamente a desmontar las estructuras de poder enquistadas en el sistema de salud y a remediar el desconocimiento profesional detectado. La Ley 27.610 subraya la responsabilidad de las autoridades de salud de implementar programas de capacitación con perspectiva de género y diversidad sexual para el personal y los funcionarios públicos, a fin de asegurar una atención adecuada, contención y seguimiento. Este tipo de reparación busca garantizar la no repetición de violaciones de derechos humanos, un compromiso que Argentina asumió y que, desde MxM como fundación, estamos comprometidas a reforzar con cada acción. En las calles y en los tribunales.
