La baja de edad de imputabilidad es criminalizar los problemas sociales en las infancias

 

El debate legislativo para establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil habilita espacios para hablar de lo social. La baja de la edad de imputabilidad no puede ni debe ser pensada desde una lógica punitiva, que desee una presencia del sistema penal para las juventudes. Con esta propuesta el Estado convertiría la privación de la libertad en castigo, como forma de ejercicio del “rigor”, con desproporcionado énfasis en las juventudes en situación de vulnerabilidad social. 

La Ley de Protección Integral sancionada en 2005 significó un cambio de paradigma en Argentina, puesto que pasó de considerar a las infancias y juventudes como objetos de tutela a reconocerlos como sujetos de derecho. Esto significó reconocerlos como personas plenas, con derecho a ser escuchados, entendiendo que el Estado es responsable de garantizar sus derechos a la identidad, la participación, la libertad de expresión, la educación, la salud, a un nivel de vida adecuado para asegurar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Cuando la Ley de Protección Integral pasa, se quiebra con la imagen de las infancias y las juventudes como un problema, definido por la carencia o todo lo que no era. 

La baja es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU recomendó que Argentina debería aprobar una ley general de justicia juvenil, con promoción de las medidas no judiciales y formas de justicia restaurativa. Como Fundación nos resulta repudiable el uso del sistema penal como herramienta para profundizar las desigualdades sociales y perpetuar un modelo en los sectores más vulnerables. Un nuevo Régimen Penal Juvenil significa una regresión en materia de Derechos Humanos, un retroceso de más de 100 años, que nos trae nuevamente a las lógicas de patronato. 

 

La baja de la edad de imputabilidad es promovida con espejitos de colores, que proponen algo contrario a la evidencia, que es la idea de que el recrudecimiento punitivo mejora la seguridad en las ciudades. Para combatir los discursos que crean criminales en las infancias más indefensas debemos comprender lo que señalan los estudios:

• No existe correlación entre menor edad de imputabilidad y mayor seguridad. De hecho, en la región los países con edades más bajas registran promedios de homicidios mucho más altos. 
• En las estadísticas el delito juvenil es una fracción muy reducida. Esta política criminal no podría engendrar mayor seguridad, pero incluso si pudiera hacerlo, al ser una cifra tan baja, no sería perceptible en la vida cotidiana. 
• Los datos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires muestran que la criminalidad adolescente ya se encontraba en una tendencia decreciente. Es decir, hay cada vez menos casos de adolescentes en intervenciones judiciales. 
• Algunos estudios proponen que la privación de la libertad funciona como una herramienta de socialización de la violencia en las juventudes.
• En relación a lo anterior, las cifras dicen que las juventudes privadas de la libertad tienen mayores tasas de reincidencia en plazos cortos. 
• La neurociencia indica que a los 14 años se carece de la madurez para comprender las consecuencias de los actos o para poder entender en plena conciencia las implicancias de un procedimiento penal. 
• En otros países, como ser Dinamarca y Georgia, la baja de la edad de imputabilidad tuvo que ser revertida dado que pudieron comprobar que no era efectiva. 

 

Consideramos que esta política no representa una solución al problema de la inseguridad, sino que constituye un uso intencional del aparato penal para criminalizar los problemas sociales que atraviesan las infancias de nuestro país. 

El Estado tiene el deber de garantizar los derechos de la niñez a través del fortalecimiento de las políticas de inclusión, educación, cuidado y protección de las juventudes. Por ello reforzamos lo dicho por Zygmunt Bauman: 

“los jóvenes no son el problema, son el síntoma”