La salud sexual y reproductiva es un derecho humano vulnerado en Tucumán

“Soy del Barrio San Roque, altura avenida Ejercito del Norte 1900, y voy al CAPS República de Italia. Siempre me atienden mal. Cuando voy a sacar turnos casi nunca hay. Dan 10 turnos como máximo por día. El ginecólogo rara vez va. A veces no me puedo atender y no me dan los anticonceptivos. Entonces sola me pongo las inyecciones. Salen 80 pesos y más en la farmacia. No siempre me alcanza la plata. Entonces en esos meses directamente no me la pongo. En el CAPS dan preservativos, algunas veces sí, otras no. Si me quejo, me contestan que está el libro de quejas”.

– ¿Qué te parece que en la provincia no haya una ley que garantice los anticonceptivos en los centros de salud?

“Nosotras vemos en nuestro barrio chicas de 11 y 12 años que quedan embarazadas. Y son muy chicas todavía para tener un hijo. A los legisladores no les importa nada, menos el pueblo.”. El relato de Natalia, una joven desempleada de unos veintitantos años y madre de cuatro hijos, se repite muchas veces al hablar con las vecinas de los barrios populares del Gran San Miguel de Tucumán.

Esta mañana, Natalia llegó desde su barrio en colectivo con unas 30 compañeras del Frente Popular Darío Santillán de Tucumán, para plantarse frente a la puerta de la Legislatura Provincial, con un cartel blanco pintado a mano que decía “dejen de dormir, legislen”. El Foro Tucumano por la Salud Sexual y Reproductiva, conformado por organizaciones de mujeres, feministas, sociales, políticas y del colectivo LGTBI, había convocado en el día de sesión ordinaria donde estaban la mayoría de los parlamentarios a una acción de reclamo por la adhesión a la ley nacional 25.673.

La crisis económica y las políticas de ajustes no solo se ven en las estadísticas de despidos, fábricas cerradas y precarización laboral.  También se puede ver en los cuerpos de las mujeres. En Tucumán, la tasa de desempleo de las más jóvenes señala que el 24% de las trabajadoras menores a 29 años está desocupado. Es una de las más altas del país, según los datos del INDEC sobre el primer trimestre de 2017. La anticoncepción también representa un gasto para las mujeres a las que se les adjudica esta responsabilidad casi exclusivamente.

“Nosotras creemos que es necesaria la adhesión a la ley en las zonas en las que vivimos, de barrios como Villa Muñecas, Manantial Sur y San Ramón, que no tienen acceso a anticonceptivos gratuitos y no hay tratamiento para el embarazo adolescente. Los anticonceptivos son necesarios para prevenir embarazos no planificados, para evitar que las mujeres tengan que llegar a la necesidad de abortar. En los centros asistenciales solo te dan dos o tres preservativos o te hacen pasar por un trámite burocrático para acceder a una caja de pastillas o las pastillas del día después están censuradas” destaca Norma Villafañe del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional.

Las tucumanas pagan con sus cuerpos y proyectos de vida la falta de políticas públicas que garanticen la vigencia efectiva de los derechos sexuales y reproductivos. Tucumán tiene una de las tasas más alta del país de embarazo adolescente; el 17,8% de los embarazos son de menores de 19 años. El promedio nacional es del 15% aproximadamente.

“Es tan evidente que ya no se puede ocultar. Tucumán es la única provincia que queda fuera de esta ley. Ahí vemos que la fuerza de la iglesia está instalada, cuando es un derecho que hace rato muchas provincias lo han reconocido y lo están aplicando. Han avanzado por mérito personal algunos profesionales, pero lamentablemente nos falta mucho para que la mujer sea bien tratada en los CAPS o en la Maternidad. Todavía se ve a la mujer sentadita esperando con la cabeza gacha sin poder reclamar. Es un sometimiento muy sutil y doloroso que es hora de revertir y de que nos levantemos” remarcó Clara Jiménez, de la Casa de la Mujeres de Tucumán, presente entre las mujeres que con cánticos y carteles se hicieron escuchar.

En las puertas del órgano parlamentario también se sintió la presencia de UPCN que reivindicaba el Día Nacional del Trabajador Estatal. Las y los gremialistas, lejos de tapar el reclamo de las mujeres, se solidarizaron y con carteles impresos se tomaron fotos sumándose a la demanda básica de salud.

Decenas de mujeres cortaron la calle. La manifestación pareció molestar y posibilitó que legisladores miembros de la Comisión de Salud Pública de la Legislatura recibieran a una comisión de mujeres del Foro Tucumano por la Salud Sexual y Reproductiva. René Ramírez, presidente de la comisión, afirmó sin reparos que “el tema es complejo porque requiere de la participación y el consenso de la Iglesia”. Como si una normativa estatal que atañe a los derechos humanos  y que nada tiene que ver con cultos, dependiera de la opinión del clero de una religión.

En su alocución, el legislador mostró ignorancia sobre el objetivo de la ley nacional y los puntos de los que se trata. Ramírez aseguró que la comisión conformada por siete miembros ya habría debatido el tema pero dijo que pidieron informes a la nación sobre el Protocolo de Atención de Interrupciones Legares del Embarazo y la aplicación del plan nacional en la provincia.

Los miembros de la Legislatura no mostraron conocer la letra de la ley 25.673, que solo trabaja en tres ejes: provisión gratuita de información y métodos anticonceptivos para toda la población; campañas públicas de difusión sobre los derechos sexuales y reproductivos; y capacitación a efectores sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Luciana Gramaglio, de Mujeres x Mujeres, señaló su preocupación por la mora de 14 años que Tucumán mantiene respecto a la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, ya que “nos impacta de manera desproporcionada no recibir información sobre los métodos de prevención o que los efectores de salud no estén capacitados. Somos las que tenemos la capacidad de gestar y se nos está cerrando la posibilidad de elegir de forma libre y autónoma, además que las Infecciones nos afectan mucho más a las mujeres”.

“La respuesta nos ha causado mucha indignación. No puede ser que quien presida la comisión de salud no tengan conocimiento sobre esta ley que  busca reducir en base a la prevención e información la mortalidad materna, fomentar la decisión autónoma respecto a la salud sexual y sobre todo que la asocien rápidamente con el aborto. Encima manifiestan abiertamente que primero hay que tener una reunión con la Iglesia para decidir sobre este tipo de legislación. Todas sabemos qué vínculo tienen la Iglesia y el Estado, pero causa indignación que a esta altura del siglo XXI todavía haya que pedirle autorización a la jerarquía de la Iglesia, desconociendo la laicidad del Estado y sometiendo a las mujeres a su moralidad restrictiva que limita el placer. Para ellos, la salud sexual es un pecado, por lo tanto que no lo van a autorizar. La vida de las mujeres termina cayendo en las manos de curas de la Iglesia católica”, agrega Gramaglio.

Las manifestantes lograron una reunión con la comisión el próximo lunes 26 de junio, para dar inicio a un diálogo que permita saldar las deudas estatales con las tucumanas.

“La ley sentaría una base para que el Estado asuma la responsabilidad de la plena garantía de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Hay una injerencia de la iglesia católica que pretende mantenernos a las mujeres en el oscurantismo y condenarnos a la maternidad como destino inevitable. Nosotras consideramos que tenemos derecho sobre nuestro cuerpo y a ser madres cuando nosotras así lo queramos” concluyó Alejandra del Castillo del Plenario de Trabajadoras.