¿»Nacidos vivos de ILE»?
El 27 de Julio pasado presentamos varios pedidos de información pública a en distintas reparticiones del Estado, luego de tomar conocimiento sobre la existencia de «nacidos vivos de ILE», certificados en nuestra provincia e ingresados en el Sistema de Adopción local.
Este nuevo circuito de obstaculización y negativa de abortos legales abre un nuevo capítulo de terror en la objeción de conciencia de Tucumán, por eso le pedimos a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Expte. 10589/23) , al Sistema Provincial de Salud (Expte. 9557/23), al Ministerio de Desarrollo de Tucumán (Expte. 12035-M-23), al Registro de Adoptantes del Poder Judicial (sin número de expediente a la fecha) y al Ministerio de la Defensa (Expte. 2746/23) información clave para desmadejar este entramado de poder, maleficencia ética y violencia de género.
A su vez presentamos pedidos de información al Plan ENIA Nacional y provincial y un pedido de recomendación a la Defensoría de la Niñez de Nación (ACT.2023-199-DDNNYA). Estos tramites tienen ingreso pero no tienen respuesta.
La existencia de una ILE -interrupción legal del embarazo bajo un sistema de causales prevista por el art. 86 del Código Penal desde 1921- exige la supresión de la vida intrauterina como condición para la legalidad de la prestación sanitaria que afianza el derecho a decidir. Esta inducción de la muerte fetal previa a la evacuación uterina que resulta indispensable para que ocurra legalmente un aborto, requiere una prestación sanitaria lícita llamada por la OMS: «asistolia«. («Clinical practice handbook for quality abortion care» en su versón actualizada y disponible en https://www.who.int/publications/i/item/9789240075207).
Si luego de solicitada una ILE ocurre un nacimiento con vida esa práctica sanitaria maleficente desde la bioética no es un aborto, sino un parto iatrogénico para la vida en gestación y violatorio de la autonomía de la paciente. A ese gravísimo cuadro de situación podrían sumarse todavía otras conductas delictivas como la adulteración de certificaciones médicas, la supresión de estado, la alteración de la filiación o la adoptabilidad prenatal, según el modus operandi que se siga al acto médico de negar la prestación medica de ILE.
Entre otras cosas, nos interesa saber «¿Cuántas de estas actuaciones judiciales motivaron la investigación de las posibles responsabilidades penales que le cabe al personal de salud que atendió esos eventos obstétricos ?«. Sobre todo porque el art. 15 de la Ley 27.610 establece que “Será reprimido o reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”; y todo caso de «nacido vivo de ILE» evidencia una conducta penalmente reprochable de obstaculización de un aborto permitido por la ley y varios tipos y modalidades de violencia de género.
Para que esta trama siniestra pueda echarse a andar se necesitan varios actores estratégicos: un equipo de salud interdisciplinario dispuesto brindar información falsa y a instrumentalizar a su paciente; un abogado o abogada de la Institución con la suficiente crueldad como para participar en consultas sanitarias y encubrir este delito; un Director o Directora de la Institución Hospitalaria capaz de mirar para otro lado mientras el personal a su cargo comete un delito; un Ministro de Salud dispuesto a pervertir de manera macabra una política sanitaria de género vigente; una Dirección de Niñez y Familia (DINAIF) comprometida con la revicitimización cuando las pacientes son niñas y adolescentes victimas de abuso sexual y una Defensoría Oficial que avale esta tortura; un Juez o una Jueza que convalide todas y cada una de las violaciones de derechos y las violencias de género; y finalmente, una Iglesia a dónde ir a golpearse el pecho y limpiar la (in)conciencia después de provocar tanto daño.
Nosotras ya hicimos saber a las Autoridades este horror. Ahora, tiene la palabra el Estado.
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