Pedido de Juicio Político al Juez Francisco Pisa
El pasado miercoles presentamos, junto a la Fundación Marita Verón, un pedido de Juicio politico al juez Pisa, que intervino en una de las denuncias que realizó la docente Paola Tacacho.
Ante lo sucedido en el caso del femicidio de Paola Tacacho, se dejó en evidencia los múltiples obstáculos en el acceso a la justicia que afrontan las mujeres a la hora de realizar denuncias por violencia de género. En el pedido de juicio político se mencionan algunas de estas cuestiones:
«La responsabilidad estatal por el incumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia las múltiples denuncias de PAOLA ESTEFANÍA TACACHO, como así también la responsabilidad por la “falta de servicios” o “incumplimiento de deberes” que supone la administración de justicia que en cabeza del Juez Carlos Pisa EVITA A LA VÍCTIMA EL DEBATE ORAL QUE LA CONVENCIÓN AMERICANA BELEM DO PARÁ LE ACUERDA, son elementos suficientes para considerar procedente el pedido de juicio político peticionado.
Y la negligencia judicial en el cumplimiento de esta obligación –reforzada por la perspectiva de género- de investigar con debida diligencia las violencias denunciadas se expresó no sólo en el accionar del Juez Carlos Pisa que sobresee haciendo un juicio de valoración de prueba para el cual no tiene competencias, sino que además, carece de enfoque de género; sino
también se expresa en todas las intervenciones judiciales en las denuncias posteriores a esta causa, en la cual pudieran haber intervenido otros Jueces o Juezas, otros Fiscales o Fiscalas que desoyeron la centralidad probatoria del relato de la víctima en todo proceso de estas características.
Por lo expuesto, corresponde, y así se solicita, se de trámite urgente al pedido de juicio político y se tenga presente la reserva formal de ampliar el mismo una vez que se conozcan el resto de las causas y las responsabilidades jurisdiccionales que pudieren caber por incumplimiento de lo normado por las leyes 24.632, 26.485 y 27.499, como así también las disposiciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Mujeres (CEDAW) que forman parte del bloque constitucional federal Argentino y que permanecen a las sombras de un Poder Judicial patriarcal, misógino y violento.»
