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Peor que el virus es el placebo

Por Mujeres x Mujeres

En el día de hoy, el Gobernador Juan Manzur ha promulgado la prórroga de la Ley N° 8.981 que establece la “Declaración de emergencia en violencia hacia las mujeres”, que se sancionó por primera vez el 16 de diciembre de 2016.

Vemos con estupor, la ausencia total de voluntad política para dar una respuesta a esta problemática, ya que la única respuesta estatal a la violencia hacia las mujeres en este contexto de pandemia ha sido la de prorrogar, luego de 515 días de desidia, una ley que como fuera denunciado oportunamente desde organizaciones feministas y de mujeres, no era más que “un parche” y que no expresaba soluciones de fondo a la problemática de la violencia de género ni mostraba interés estatal en la elaboración de políticas públicas integrales, con enfoque de derechos y perspectiva de género.

A casi 4 años de la sanción de esa ley, hoy el escenario es aún peor. Las medidas de ASPO han confinado a muchas mujeres a convivir con sus agresores y las denuncias por violencia han aumentado en un 200%, pero la única respuesta que pueden dar es prorrogar una ley que, sin covid-19 , ya había demostrado ser letra muerta.

La legislatura provincial, la misma que no ha sido capaz de terminar con 16 años de mora en la adhesión a la ley de salud sexual y procreación responsable, ni adherir a la Ley Micaela, ha demostrado una vez más lo poco que importamos, ya que ni siquiera ha sido capaz de sancionar una normativa que se adecúe a este nuevo contexto.

De los puntos que establecía la emergencia declarada en 2016, apenas si se cumplió con la creación del cuerpo de abogados, staff de profesionales que se encuentra precarizado hasta la fecha. No se han creado refugios por ejemplo, y en los diarios se puede leer que se “firmaran convenios” con empresarios hoteleros. No se habla de la dotación de personal calificado ni de como funcionarían, ni por cuanto tiempo.

La precarización y la informalidad son costumbre a la hora de dotar de recursos humanos a los pocos mecanismos de género que existen, hace unas semanas, personal del Observatorio de la Mujer denunciaba que no les habían renovado los contratos. Sucede lo mismo con el subsidio económico de $4500 pesos, cuando el INDEC dice que la canasta básica mensual asciende a los $ 42000, y que para no caer en la indigencia se necesitan al menos $ 17300.

Decimos que el Estado es responsable, porque en la provincia se sucedieron 3 femicidios más desde que se declaró la pandemia y suman 6 las víctimas en lo que va del año. Los obstáculos para denunciar se multiplican, las medidas cautelares no se efectivizan, no hay una centralización de respuestas estatales y las víctimas deben peregrinar por diferentes lugares, no hay dotación de recursos económicos ni humanos.

¡BASTA DE PARCHES PARA TAPAR LA FALTA DE POLITICAS PUBLICAS!
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