Pedido de Información Pública sobre los Colegios de FASTA
La periodista Mariana Carbajal destapó una compleja realidad que entrecruza violencias de género y educación en Colegios Tucumanos de FASTA
Por Mujeres x Mujeres
Con el objetivo de conocer cuáles fueron las medidas que adoptó el Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán luego de que se publicaran en medios nacionales 23 denuncias de ex alumnos sobre la violencia que se sufre dentro de ese establecimiento y del contenido alarmante de la currícula por ser contrario a todo lo establecido por los Derechos Humanos, solicitamos información pública a tenor de las preguntas que se presentaran a continuación:
1. ¿Qué medidas tomó el Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán luego de tomar conocimiento de las irregularidades que viven lxs estudiantes de los colegios de FASTA? En especial en el Colegio Boisdron.
2. ¿Cómo se trasnverzaliza la perspectiva de género, diversidad y violencia de género en la formación educativa de los colegios FASTA en todos los niveles? En especial en el Colegio Boisdron.
3. ¿Qué grado de implementación tiene la obligación de garantizar el acceso a el Derecho Humano a recibir Educación Sexual Integral acorde a los estándares que asegura la ley N° 26.150 y los NAP establecidos en Res CFE N° 340/18?
4. ¿Cómo supervisa la Secretaría de Gestión Educativa que los contenidos de la ESI lleguen sin interferencia religiosa a lxs estudiantes de los colegios FASTA? En especial en el Colegio Boisdron.
5. ¿Cuántas capacitaciones en perspectiva de género y diversidad y violencia de género ha recibido el personal docente y administrativo de los colegios FASTA hasta el día de la fecha? En especial en el Colegio Boisdron. En caso de haber recibido capacitaciones, indique quiénes las dictaron y el contenido de la misma.
6. ¿Alguno de los colegios FASTA manifestó algún tipo de objeción o reparo institucional para garantizar a su alumnado el acceso a la Educación Sexual Integral? En especial en el Colegio Boisdron.
La ley No 26.150 establece que todos/as los/as estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral, y crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, estableciendo que todas las acciones de este Programa están destinadas a lxs educandxs del sistema educativo, que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria. Esto significa que el Estado, a través de sus agentes (en este caso, lxs docentes y educadores/as desde todos sus lugares de trabajo, no solamente frente al aula) debe garantizar que niños, niñas y adolescentes del sistema educativo reciban educación sexual integral de forma gradual desde la infancia temprana y de acuerdo a su
grado de madurez y desarrollo.
La obligación de los Estados respecto a la ESI se encuentra fundamentada, en estándares internacionales de derechos humanos, derechos humanos que al ser vulnerados, tienen un impacto desproporcional en la vida, educación y salud de las mujeres, niñas y adolescentes.
Tucumán cuenta con la Ley Provincial de Educación N° 8.391 (de diciembre de 2.010), la cual establece en su artículo 9 inc. 13 que son fines y objetivos de la política educativa: “incorporar a la propuesta educativa institucional la educación sexual integral, articulando los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y. éticos. Cada comunidad educativa, en la elaboración de su proyecto institucional, adaptará las propuestas a su realidad sociocultural, respetando su ideario institucional y las convicciones de’ sus miembros, conforme a lo establecido en la Ley de Educación Sexual Integral”.
El Art. 12 establece que la Autoridad Educativa debe definir y actualizar los diseños y lineamientos curriculares de cada nivel o modalidad conforme a la normativa nacional, a los acuerdos federales y a las disposiciones de la presente ley. Conforme surge de la Ley Provincial de Educación, esta adhiere a la Ley de Educación Sexual Integral, comprometiéndose además a actualizar los lineamientos de acuerdo a las leyes nacionales y a los acuerdos
federales y garantiza la formación y capacitación docente continua.
Educar para la igualdad supone un importante esfuerzo para superar estereotipos, no sólo de género, sino también aquellos que perpetúan la discriminación social, xenófoba y/o racial. Esto implica revisar tanto la currícula como las pedagogías educativas y promover los derechos humanos a través de la articulación de varios ejes
