Organizaciones alertan sobre la grave situación de niñas, mujeres y diversidades en Argentina ante la CIDH
En el marco del 191° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil expondrán en una audiencia temática sobre el grave retroceso en las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género, y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva, en los primeros nueve meses de 2024 en Argentina. La audiencia tendrá lugar el 14 de noviembre en Washington DC, Estados Unidos. Se podrá seguir en vivo a partir de las 16 hs (hora argentina) a través de Zoom, con inscripción previa en este enlace.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), desarrollarán los motivos de preocupación vinculados a:
- Desmantelamiento institucional y recorte presupuestario: Desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023, el desmantelamiento de políticas públicas, el desprestigio de las instituciones de género, el recorte de partidas presupuestarias y la reducción de personal mediante despidos masivos, consolidaron un grave retroceso poniendo en riesgo la vida de miles de niñas, adolescentes, mujeres y diversidades. Este deterioro incluye la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y, en particular, el desmantelamiento de programas esenciales como la Línea 144, el Programa Acompañar, los dispositivos de acompañamiento integral y políticas de prevención como la implementación de la Ley Micaela.
- Aumento de la violencia de género: Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2023 ocurrió 1 femicidio cada 35 horas, un aumento del 10,6% en relación a 2022. El 64% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o ex-pareja, y el 75% en contexto de violencia doméstica. De acuerdo con los relevamientos de la sociedad civil, en los primeros 6 meses del año 2024 hubo un femicidio cada 29 horas. A pesar de que los datos reflejan una problemática generalizada, de alta prevalencia y características estructurales, el gobierno nacional niega la existencia de la violencia de género.
- Restricciones en el acceso a derechos sexuales y reproductivos: La paralización total de distribución de insumos esenciales para la interrupción voluntaria del embarazo es un claro retroceso en los avances logrados con la Ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo que permitieron la reducción del las muerte por aborto en un 53% entre 2020 y 2022. Además, se reportan faltantes de diversos métodos anticonceptivos y se advierten niveles históricos de desfinanciamiento y subejecución de partidas presupuestarias destinadas a la Prevención del Embarazo Adolescente y al programa de SaludSexual y Reproductiva. Se destaca la suspensión de los fondos destinados al Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), una política pública de eficacia comprobada en la reducción de embarazos no intencionales en la adolescencia. Y a ello se suma la criminalización de emergencias obstétricas en algunas provincias.
- Eliminación y reducción de partidas destinadas a atender las brechas de género en el proyecto de presupuesto 2025. En el Presupuesto 2025 se advierte la eliminación completa de partidas presupuestarias fundamentales para la prevención y asistencia ante la violencia de género, como el Programa Acompañar y la Línea 144. Además, por primera vez desde que se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral en 2006, el presupuesto nacional no contempla una partida para su implementación. Así mismo, se advierten fuertes reducciones presupuestarios en políticas alimentarias y de cuidado.
- Política exterior contraria a las políticas de género y a los estándares de derechos humanos. Desde la asunción del nuevo gobierno, por acción u omisión, el Estado Nacional ha dado un vuelco notable en la política exterior en materia de derechos humanos, justicia de género y justicia climática, revirtiendo posiciones construidas transversalmente por los partidos políticos democráticos en las últimas cuatro décadas.
Las organizaciones firmantes solicitan a la CIDH, como órgano encargado de velar por la observancia y defensa de los derechos humanos en la región, que monitoree la situación de regresión en materia de políticas de género y exhorte al Poder Ejecutivo de la Nación a cumplir con su responsabilidad y adoptar medidas para revertir esta regresión en materia prevención y atención de las violencias hacia las mujeres y de derechos sexuales y reproductivos en Argentina.
