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Nuevos datos de la criminalización del aborto en Tucumán

Hace ya 6 años que publicamos Jaque a la Reina, una investigación que relevó 20 años de criminalización del aborto en Tucumán. En Diciembre del año pasado iniciamos otra vez el arduo trámite de acceder a la misma información pero entre 2013 y 2019. No fue fácil porque acceder a datos oficiales nunca lo es, pero hace un par de días lo logramos en el Expediente N° 5954/20 . Los números no son auspiciosos y nos llevan a confirmar que en Tucumán nos siguen persiguiendo por abortar

Por Soledad Deza y Mariana Alvarez

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En 2013, junto a Alejandra Iriarte, emprendimos un proyecto muy ambicioso: investigar la criminalización del aborto en Tucumán. No nació exactamente así, pero terminó en una publicación que llamamos Jaque a la Reina, que se presentó oficialmente el 14 de Marzo de 2014 en Tucumán, justo una semana antes de que Belén ingresara tan violentamente al Sistema Penal que la tendría presa por 29 meses.

Esa primera investigación mostró la criminalización de eventos obstétricos adversos en sus múltiples expresiones. Abortos provocados, abortos espontáneos, abortos naturales y tentativa de aborto -hechos de la vida fértil que no son un delito- eran parte de las 534 causas que tenía la triste historia penal de Tucumán entre 1992-2012.

Jaque a la Reina también analizó a quiénes perseguían nuestros Tribunales penales capitalinos y dejó obscenamente al descubierto el sesgo de género y el sesgo de clase de las causas. El 97% de los procesos se dirigía a acusar a las mismas mujeres abortantes. Un recorte de dos décadas evidenciaba infaliblemente que nuestra Provincia era peligrosa para quien desafiaba el mandato patriarcal de maternidad obligatoria: sea por propia voluntad o aún sin quererlo, las puertas de la cárcel estaban al final del camino como una amenaza perturbadora.

Nos gustaría decir que después de Jaque a la Reina el Poder Judicial de Tucumán cambió su rumbo y dejó de perseguir penalmente a mujeres que abortan. Nos gustaría también poder contar que los casos de Belén y María Magdalena no fueron en vano. Nos gustaría que Tucumán no duela, pero eso no pasa porque nuevos datos nos muestran la misma realidad. Quizás incluso una peor.

En el mes de Diciembre de 2019 iniciamos un camino bastante pedregoso para acceder a los datos de criminalización del aborto entre 2013 y 2019. Primero fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos, de allí al Ministerio Público Fiscal y luego a la Corte Suprema de Justicia provincial. Luego vuelta al Ministerio Público Fiscal y otra vez a la Corte. Pero finalmente, en el Expediente N° 5954/20 conseguimos la información que necesitábamos para continuar nuestra investigación. Y los números, como decíamos, no son auspiciosos.

La Pandemia nos impide acceder físicamente a cada expediente por el momento, como hicimos antes, pero no queremos dejar de compartir algunos datos que nos parecen alarmantes. Sobre todo, en momentos donde nuestro Gobierno duda si es o no es urgente tratar de revisar los consensos legislativos de criminalización del aborto y estamos en loop alegrándonos y desilusionándonos cada día con las novedades.

Así como encontramos 534 causas caratuladas con la palabra aborto entre 1992-2012, ahora encontramos 314 procesos con la palabra “aborto” en su carátula. Eso quiere decir que desde 2012 en adelante, fallo F.A.L mediante, los procesos de aborto en Tucumán casi se duplicaron por año y pasamos de un promedio de 26 a 44. No nos cansamos de repetir: en Tucumán sí se criminaliza el aborto.

¡Otra vez sopa: aborto espontáneo y crimen! 34 procesos penales de los informados por el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal tienen carátula de “aborto natural”, “aborto incompleto” o “aborto espontáneo”, eventos obstétricos que no son delito y que el Ministerio Público Fiscal no debe perseguir.

81 de los procesos se caratulan como “aborto” o “aborto provocado”, a secas, lo cual deja entrever que allí están exclusivamente acusadas las mujeres, porque algunas otras causas caratuladas como “aborto y lesiones” o “lesiones calificadas por aborto sin consentimiento” o “muerte dudosa por aborto” permiten advertir que el arte de nombrar no es indiferente ni para el poder biomédico, ni para el derecho.

Sólo en los dos últimos años, 2018 y 2019,  se registraron 36 causas de “aborto”,  2 causas de “Aborto, hallazgo” y 1 causa de “Actuaciones aborto”, donde el sello de la Fiscal anti derechos Adriana Gianonni -cuya renuncia se produjo a consecuencia del pedido de juicio político que hiciéramos junto a Católicas por el Derecho a Decidir y la APDH- no dejan lugar a dudas sobre que la persecución punitiva está dirigida a las mujeres que abortan.

¡El juguete es mío y hago lo que quiero!  Otra significativa sorpresa fueron 165 procesos penales iniciados entre 2013 y 2016 -el año donde se destapó el caso de Belén- con la carátula “abuso sexual-aborto provocado”.  Estos abortos claramente son ILEs (interrupciones legales de embarazo) y otra vez: procesos penales con un evento obstétrico que no tipifica ningún delito. Aquí se abren dos hipótesis que confirmaremos cuando podamos acceder físicamente a los expedientes, con o sin barbijo: o bien esas causas se inician a propósito de la famosa “comunicación” que indica el Protocolo de Abuso Sexual Infantil que el personal de la salud debe hacer sobre el abuso y se informa además -indebidamente- sobre una elección lícita y privada que es considerada delictiva en el Poder Judicial; o bien, la costumbre de formalizar un pedido de autorización judicial para una prestación médica lícita -señalado como “violencia institucional” por la Corte en el fallo F.A.L- subsistió hasta el año 2017 donde desaparecen estas carátulas aunque subsiste el Protocolo.

En uno u otro caso es inaceptable que se registre como delito “aborto provocado”  una alternativa terapéutica lícita para toda víctima de abuso sexual.

Y en ambos casos es doblemente alarmante que el equipo de salud haya violado sistemáticamente la confidencialidad propia de la relación sanitaria y la intimidad de la paciente para rendir cuentas al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial de prestaciones sanitarias no solamente legales, sino privadas de las víctimas.

Párrafo aparte merecen los 24 procesos iniciados en contra de profesionales de la salud que garantizaron abortos. Si bien no pudimos acceder a todas las causas, la carátula de “aborto, abuso de autoridad e incumplimiento de funcionarios públicos” o la de “participación necesaria en el delito de aborto” es propia de este tipo de acusación usualmente iniciada por el Ministerio Público de oficio o bien, a instancia de alguna denuncia de sectores anti derechos, como ocurrió en 2013 con la denuncia del entonces apoderado el PRO, Arturo Forenza, que tramitó en Expediente N° 1664/13.

Otra cáratula que hace referencia expresa a los abortos legales y otra situación que tampoco es punible: “Suicidio. Aborto no punible por causa de abuso sexual art. 86 inc. 2”. No encontramos, entre las causas informadas, la carátula de “Belén” que se inició en Marzo de 2016 como “aborto seguido de presunto homicidio”, aún cuando después fue re-caratulada a “homicidio”. Esto nos abre otra duda para seguir indagando en Pandemia: ¿Cuántas otras mujeres que atravesaron un aborto habrán corrido la suerte de quedar atrapadas en la telaraña judicial de tipos penales más graves para castigar el desafío voluntario o accidental a la obligación de maternar?

O dicho de otra manera, ¿Cuántas carátulas de homicidio agravado por el vínculo esconden, en realidad, criminalizaciones de abortos?

Otro dato que vuelve a surgir, y que ya nos había llamado la atención en Jaque a la Reina, es la imaginación y la capacidad de innovación en quien caratula las denuncias, lamentablemente, no podemos acercarnos al mostrador y consultar por el estado de cada causa, pero no queríamos dejar de compartir ciertas “perlas”, como, por ejemplo: “Robo agravado. Aborto”, “Muerte dudosa. Aborto”, “Su denuncia por instigación al aborto”. “Maltrato infantil. Aborto en grado de tentativa”.

Si bien es recurrente dentro del discurso de los sectores antiderechos dotar de personalidad jurídica al embrión o feto, que aún no la tienen, denunciar por maltrato infantil a quien intentó abortar y finalmente no lo hizo, es ya una ficción digna de títulos como Minority Report, lo cual además está expresamente vedado por el art. 88 ult párrafo del CP.

O, en la misma línea, debiéramos pensar que pudo interpretarse el hecho de que quien da información acerca de como acceder a un aborto en condiciones de seguridad, instiga a cometer un delito o colabora con este.

En Jaque a la Reina estaba también la historia de María Magdalena, una joven que había sido denunciada por sus médicas cuando llegó con su marido y su madre a la Maternidad a buscar ayuda sanitaria en medio de un aborto y en vez de atención médica, recibió una limosna sanitaria que incluyó un legrado sin anestesia, policías interrogándola en la Sala de Partos y un pase directo al Sistema Penal que, aunque no se atrevió a encarcelarla, la mantuvo 3 años procesada por aborto hasta sobreseerla. Con el calvario de María Magdalena empezamos a hablar de la importancia de la confidencialidad, de la privacidad de la historia clínica y de la obligación de guardar secreto que tienen médicos y médicas que atienden a una paciente que abortó.

Hoy nuestra Corte Suprema deberá reabrir la denuncia contra las médicas, 8 años después, para hacer justicia para María Magdalena y en ella, para todas las mujeres criminalizadas por aborto en Tucumán.

Nuestra segunda parte de Jaque a la Reina está en proceso y nos gustaría contar en el, por ejemplo, que María Magdalena obtuvo justicia o que en 2020 no hay mujeres perseguidas por aborto, ni personal de la salud envuelto en causas penales por asegurar derechos. Nos gustaría contar otros números respecto de los sobreseimientos y los archivos. Pero para eso falta un poquito y sobra Pandemia.

Frente a la posibilidad de que el año termine sin que el Presidente presente su Proyecto de despenalización/legalización del aborto y sin que se trate tampoco el Proyecto de la Campaña, queríamos compartir ésta nuestra realidad tucumana, que seguramente es bastante parecida en otras provincias y que habla por sí sola acerca de que ES URGENTE descriminalizar el aborto.

Finalmente, para quienes quieran servirse feministamente de estos datos, les pedimos citen la fuente ya que los números son producto de muchos meses de trabajo colectivo de todas las compañeras de la Fundación Mujeres x Mujeres.  Para citar: “Fundación Mujeres x Mujeres s/Pedido de Información Pública sobre Aborto. Expte. 5954/20Disponible en www.mujeresxmujeres.org.ar

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