Injusticia y desidia:cuatro mujeres murieron abrazadas en una comisaría
Por Mujeres x Mujeres
El día viernes 3 de septiembre , tomó estado público la muerte por asfixia y fuego de Macarena Maylen Salinas, Yanet Yaqueline Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia. Jóvenes que se encontraban alojadas en la Brigada Femenina de la Ciudad de Concepción.
El fuego, según la versión oficial, se inició una protesta por el pedido de traslado de una de ellas al Penal de Santa Esther.Con el correr de los días nos fuimos enterando, por la voz de sus familiares, que las condiciones de detención de las mujeres alojadas allí eran y continúan siendo paupérrimas y desesperantes.
Las condiciones de detención en la Brigada Femenina de Concepción no cumplen con las reglas de Bangkok, respecto de cuáles son los estándares mínimos respecto de las mujeres que son privadas de la libertad. Así nos fuimos enterando:
Que cinco mujeres debían transcurrir sus días y noches en una celda de 9 metros cuadrados, que dormían hacinadas, en el piso, o sobre un colchón sucio, que solo ingerían alimentos si un familiar podía acercárselos, que no tenían derecho a la recreación, ni realizaban ninguna actividad durante el día y que estaban bajo pésimas condiciones de higiene.
Que el estar en la ciudad de Concepción implicaba una barrera infranqueable para muchos de los familiares de las detenidas, un pasaje diario hasta allí es imposible de afrontar en términos de economía y de tiempo, sin contar el hecho de que muchas de las mujeres detenidas allí son madres jóvenes y sostenes de familias.
Que la celda donde estaban alojadas esas jóvenes estaba cerrada con candado y que no fueron auxiliadas por el personal policial a cargo, que fue un vecino el que llamó a los bomberos cuando los gritos, el humo y el olor que salía de la Brigada anticipaban la tragedia, a pesar de que el cuartel de bomberos queda a la vuelta.
Que las autopsias revelan golpes, moretones y contusiones, que les y nos terminan de confirmar, que las prácticas de torturas, tratos crueles y degradantes contra las personas privadas de libertad son todavía moneda corriente en nuestras cárceles y comisarías.
El mismo Estado que sostenía y sostiene el “quedate en casa” como un mantra contra la epidemia de COVID- 19 no encontró un correlato coherente en el poder judicial local, que no paró de emitir medidas de privación de la libertad, aun cuando ya antes de la pandemia Tucumán tenía un 30% de superpoblación carcelaria, y una crisis denunciada hasta por la Procuración Penitenciaria de la Nación y reconocida por la misma Corte Suprema de Justicia de la provincia.
En vano fueron las recomendaciones emitidas por la CIDH respecto de que los Estados debían evitar dictar medidas de restricción de la libertad a fin de evitar la propagación del COVID en unidades penitenciarias.
El dictado de medidas cautelares de prisión preventiva como regla, el no flexibilizar el acceso al arresto domiciliario, la falta de defensa técnicas adecuadas, la falta de perspectiva de género en el procedimiento penal y en la aplicación de las sanciones penales, sumadas a otras fallas estructurales dentro del sistema penitenciario como que no posean colchones ignífugos y/o matafuegos les costó la vida a 4 jóvenes mujeres que no llegaban a cumplir 30 años.
Tucumán engrosa la lista de provincias que no cuentan con un comité local de prevención de la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. Sancionaron las leyes 8523 y su modificatoria la 9266, que permitirían que la sociedad civil monitoree los lugares de encierro, pero nunca pusieron en funcionamiento el mecanismo. Las cárceles y las comisarías continúan siendo espacios de excepción, esos lugares oscuros de los cuales en general, nuestras buenas conciencias, no quieren ni saber.
Sin las presas no hay ni una menos. Exigimos que se investigue diligentemente y que estos 4 feminicidios estatales no queden impunes.
