La dignidad a la basura
La tristísima postal forma parte de una provincia donde el embarazo adolescente supera la media nacional y donde paradójicamente, el Estado se resiste desde hace 14 años a darle marco normativo al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable que seguramente podría atemperar estas realidades de hambre sin futuro y esas vidas sin ninguna clase de dignidad.
El día sábado en Laprida al 600 -pleno Barrio Norte de Tucumán- me topé con la chica de la foto, que con no más de 17 o 18 años, dejó a un costado sus mellizos mientras revolvía la basura buscando comida.
La tristísima postal forma parte de una Provincia donde el embarazo adolescente supera la media nacional y donde paradójicamente, el Estado se resiste desde hace 14 años a darle marco normativo al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable que seguramente podría atemperar estas realidades de hambre sin futuro y esas vidas sin ninguna clase de dignidad.
Hoy en La Gaceta se reconoce, de boca de Sandra Tirado –Referente de Adolescencia de la Provincia-, que en Tucumán el 18% de las madres son adolescentes. Y que una de las primeras consecuencias de eso es que abandonan la escuela, recurso indispensable para el derecho al desarrollo. Como lo venía diciendo en reiteradas oportunidades una de las integrantes de la Fundación, Adriana Álvarez, «estamos por encima de la media nacional en fecundidad adolescente con la media nacional de 65,1 y la provincial de 73,05″
¿Qué será de la vida de esas niñas madres? ¿Qué futuro les depara el Estado cuando a falta de políticas públicas la maternidad es un destino?
Cuando hablamos de la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos rápidamente se activan discursos que producen un desplazamiento de la discusión política desde el terreno de las libertades básicas -incluso la salud de la población- hacia lo que los sectores religiosos denominan la “cultura de la muerte” para debilitar derechos sexuales y reproductivos. Ésta ha sido una estrategia cuidadosamente diseñada en América Latina luego del advenimiento de la democracia.
Desautorizando el uso del condón, los anticonceptivos y la educación sexual el activismo católico conservador pugna por instalar una moral sexual restrictiva en leyes y políticas que implementan derechos.
El Foro Tucumano por la Salud Sexual y Reproductiva que activa en Tucumán para la adhesión provincial a la ley Nº 25.673 está siendo testigo de esa forma de conservar el status quo con que operan las jerarquías eclesiásticas locales, en connivencia –indebida- con Legisladores y Legisladoras. A los primeros dichos del legislador Ramírez, Presidente de la Comisión de Salud, sobre la necesidad de “consultar a la Iglesia Católica” la adhesión a la ley de creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, se sumó la genuflexión de los legisladores Brodersen y Vargas Aignase desde la Comisión de Derechos Humanos.
Nugent llama “factura moral”[1] a esa negociación solapada entre las jerarquías eclesiásticas y los Estados, en las que la Iglesia compromete silencios frente a temas vinculados en general a pobreza –en su hora fue la Dictadura- y obtiene el compromiso de los Estados de obturar la discusión de ciertos temas antagónicos con dogmas de fé.
La salud sexual de Tucumán está transada en esa “factura moral”. Y la justicia reproductiva de la población, por añadidura, también. Esto impacta de forma desproporcionada en nuestras jóvenes ya que a un abanico de múltiple escasez de recursos materiales y simbólicos debe adicionarse crudamente, un futuro de maternidad forzada para ellas.
Quienes continúan promoviendo el incumplimiento de la obligación del Estado de asegurar información y provisión gratuita de métodos anticonceptivos y quienes polarizan la discusión legislativa de anticoncepción en términos de vida o muerte, se auto-perciben como “defensores de la vida”. Por eso las feministas nos preguntamos ¿Por qué la vida de la chica de la foto para ellos no vale nada?
