Más feminismo, menos patrullaje
Desde la Fundación Mujeres x Mujeres celebramos la resolución del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Tucumán que decidió en el día de ayer “DESESTIMAR la denuncia formulada por la Dra. Marina Moris en contra de la Dra. Soledad Deza” al considerar que “la letrada denunciada no violentó los derechos de la niña el día 1 de Junio de 2021”.
Este proceso disciplinario se inició de mala fe y reveló no sólo la intención de desacreditar profesionalmente a una abogada feminista, sino de desprestigiar públicamente a nuestra Organización con acusaciones falsas de “intento de secuestro contra una niña” expresadas en redes sociales, medios televisivos , programas radiales y en panfletos repartidos en una movilización del 25N.
Condenamos el uso espurio de los mecanismos de control de ejercicio profesional de la abogacía y también el despliegue de maniobras mediáticas injuriosas llevadas a cabo por la abogada Marina Moris y su abogado Gustavo Morales que en nada contribuyen a la búsqueda de la verdad material en las causas judiciales que llevan adelante.
Ratificamos el derecho a la dignidad de la niña B.M.B. en base al cual tanto Soledad Deza como la Fundación Mujeres x Mujeres nos abstuvimos de responder a las numerosas acusaciones calumniosas públicas sostenidas en los últimos 3 años por la denunciante y su abogado.
El Art. 22 de la Ley 26.061 de Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes “prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a través de cualquier medio de comunicación o publicación” la “vida privada e intimidad familiar” de infancias. Le recordamos a los medios de comunicación que cubren periodísticamente casos judiciales de NNyA su responsabilidad legal de resguardar su “dignidad, reputación e imagen” y de evitar su revictimización.
Llamamos la atención al Colegio de Abogados de Tucumán sobre la importancia del respeto de las garantías constitucionales de plazo razonable y debido proceso que exigen otorgar mayor celeridad a toda investigación disciplinaria que involucra el control del ejercicio profesional. Ningún proceso de estas características puede demorar 3 años en ser resuelto.
Agradecemos especialmente la confianza y el apoyo manifestado por profesionales, activistas y referentes de DDHH hacia nuestro trabajo, producto de una trayectoria que nos tiene hace 12 años luchando por el derecho a decidir.
Nuestras convicciones feministas están intactas y nuestro compromiso con el activismo por los DDHH de las mujeres y diversidades son más profundos cada día. Nos enorgullece nuestra lucha por la legalización del aborto, nos moviliza la preocupación diaria para lograr el acceso igualitario a la salud y nos guía el ideal de acceso igualitario a la justicia, libre de toda violencia y discriminación.
