Más que Colegio de Abogados, un Cónclave
El 26 de Diciembre pasado, el Diario La Gaceta publicitó una supuesta Resolución del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán que posicionaría a la Institución en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes
Por Mujeres x Mujeres
Mientras las Jerarquías Eclesiásticas de la República llaman a ayuno y oración, el Presidente del Colegio de Abogados de Tucumán alienta públicamente a desconocer los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Así es Tucumán, tierra de contradicciones y azahares.
En esta supuesta Resolución que llevaría fecha 23 de Diciembre, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados local se pronuncia por la inconstitucionalidad e incovencionalidad del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que mañana se vota en el Senado de la Nación. Pero no se queda en la confrontación abierta de la IVE, sino que arremete también contra la ILE (interrupción legal del embarazo) vigente para embarazos forzados y riesgosos.
Decimos «supuesta Resolución» porque no existe acta alguna en la página web del Colegio, y tampoco constancia alguna de que esa sesión efectivamente se hubiere realizado. Pese a la significativa cobertura mediática que le dio el Diario La Gaceta, fue imposible conocer los fundamentos de esa decisión que -de haber existido- es contraria a los derechos humanos vigentes. Por eso, en el día de hoy se pidió al «Presidente debutante» Rodolfo Gilli nos ponga a la vista: la convocatoria a la sesión del 23/12/2020, orden del día, acta de la sesión con fundamentos y votos de lxs consejerxs, Protocolo para sesionar de forma virtual o remota y dictámenes de Comisiones de Género, Derechos Humanos, Constitucional y Penal si hubieran existido.
Y es que lo más llamativo de esta Resolución, arrancada entre gallos y medianoche -literal- por los conservadurismos religiosos en vísperas de navidad, es que se evidencia como una acción política más afín a las jerarquías eclesiásticas que a una entidad que nuclea profesionales de la abogacía.
El Colegio de Abogados no tiene dentro de sus atribuciones la potestad de pronunciarse sobre estas cuestiones, y el art. 21 de la ley 5233 es claro en su enumeración sobre el tema. Por ello la maniobra política resulta aún más vergonzosa, porque deja al descubierto el uso espurio de un lugar de poder para trastocar el orden jurídico en aras de la custodia de dogmas de fe que debieran ser ajenos a una Institución.
Resulta cuando menos grave que un Colegio profesional se comporte al margen de la ley que estructura sus cometidos y sacrifique cualquier atisbo de ética en su funcionamiento en el altar de preferencias religiosas, éticas o morales que por más respetables que sean no alcanzan para modificar el orden jurídico vigente.
Arrogarse facultades de intérprete de la ley transparenta un problema de competencias para un Consejo que aunque recién elegido debiera conocer la norma que regula su accionar. Realizar interpretaciones jurídicas reñidas con los estándares de derechos humanos vigentes que informan nuestro bloque constitucional federal es una irresponsabilidad institucional impropia de un escenario democrático que compone, además, un mensaje de violencia simbólica e institucional de género.
Alentar a desconocer el derecho a interrumpir un embarazo en casos de violación y peligro para la vida o la salud, implica invitar a violar la ley, avalar la violación de derechos y fomentar la violencia de género dado que son niñas, adolescentes y mujeres quienes recibirán los impactos desproporcionados de esta maniobra de agitación política. El aborto no punible, también llamado interrupción legal del embarazo, es un derecho que cumplirá el año próximo 100 años de vigencia y cuando en la supuesta resolución el Consejo Directivo niega su constitucionalidad, desconoce el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es la última intérprete en la materia y ya se pronunció en el año 2.012 sobre la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a decidir abortar en los casos permitidos por la ley y sobre la obligación estatal de garantizar la prestación médica que asegura ese derecho a decidir.
En un país donde desde el advenimiento de la democracia contamos con más 3000 mujeres muertas en abortos inseguros, invitar a desconocer el derecho a abortar se parece mucho a celebrar esas muertes.
En la Provincia donde Belén estuvo presa 29 meses por la violación de sus derechos en la atención post aborto, resulta una burla que quienes se auto-perciben «intérpretes del derecho» continúen promoviendo se conculque la ley.
Un Estado Laico debe asegurar instituciones también laicas. Y el ejercicio de la abogacía no puede estar nucleado bajo la órbita de un Colegio Confesional que sacrifica el pluralismo democrático, el sistema republicano de gobierno, el debate robusto de ideas y el respeto por el derecho al servicio de los neoconservadurismos políticos que llevan siglos consolidando la subordinación y discriminación de género.
Frente al debate de mañana, las Jerarquías Eclesiásticas llamaron a hacer ayuno y oración. Un Colegio Profesional que para mantener un status quo de crimen, morbilidad, muerte y embarazo forzado apela a pronunciamientos para los que no tiene atribuciones y a representaciones para las que no tiene legitimidad, más que un Colegio parece un Cónclave.
