Reclamo judicial de ONGs para que se asegure la IVE
Organizaciones de la sociedad civil reclaman al Poder Judicial que declare el incumplimiento del Estado en su obligación de adquirir medicamentos esenciales para el acceso a la interrupción del embarazo.
En el marco de la causa colectiva iniciada por la Asociación Civil La Ciega contra el Ministerio de Salud de la Nación por la interrupción de la compra y distribución de medicamentos esenciales para garantizar el acceso al aborto, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N.º 2 de La Plata convocó a una audiencia.
La Asociación Civil La Ciega, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundeps y Mujeres por Mujeres (MxM), que participan del proceso como terceras interesadas, sostienen que la causa está en condiciones de ser resuelta: el Estado nacional ya hizo explícita su decisión de no adquirir los medicamentos, por lo que corresponde se declare el incumplimiento de su obligación de garantizar el acceso al aborto en todo el país, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
A comienzos de 2025, luego de más de un año de demora, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva formalizó la decisión de no continuar con una compra iniciada durante la gestión anterior que preveía la adquisición de 499.200 comprimidos de misoprostol y 96.000 comprimidos de mifepristona.
La decisión estatal está documentada y el Estado afirma que no tiene ninguna obligación de comprar insumos esenciales para la salud sexual, pese a que la Ley 25.673 y la Ley 27610, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos indican lo contrario.
Además, el retiro abrupto de una política nacional de provisión de insumos sostenida hace más de 20 años no afecta de la misma manera a todas las jurisdicciones. Las provincias tienen capacidades presupuestarias, sanitarias y de compra muy diferentes. Por eso, trasladarles exclusivamente la responsabilidad de garantizar estos medicamentos profundiza las brechas existentes y hace que el acceso efectivo a un derecho reconocido por una ley nacional dependa, en los hechos, del lugar donde vive cada persona.
La acción colectiva busca que el Ministerio de Salud de la Nación adopte las medidas necesarias para garantizar la adquisición urgente y efectiva de misoprostol y mifepristona y evitar que la falta de insumos ponga en riesgo el acceso al aborto.Una decisión con consecuencias concretas.
Desde diciembre de 2023, la propia Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva reconoció haber recibido consultas y pedidos de distintas jurisdicciones vinculados con la disponibilidad de estos insumos, el estado de las compras nacionales y la programación de las entregas. Entre ellas se encuentran Corrientes, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
Los registros oficiales también muestran las consecuencias de los faltantes: durante 2025, la línea 0800 de Salud Sexual registró 191 consultas o intervenciones vinculadas con problemas de acceso a medicación para abortar por falta de insumos en distintas provincias.
Estas situaciones se traducen en barreras concretas: personas que deben comprar los medicamentos de su bolsillo, incluso endeudándose; demoras que llevan a realizar la práctica en etapas más avanzadas del embarazo; derivaciones y recorridos innecesarios por el sistema de salud; y mayor exposición a situaciones de angustia y desinformación.
El aborto requiere una prestación sanitaria particularmente sensible al paso del tiempo. La falta de medicamentos o una demora en el acceso pueden modificar las condiciones en las que una persona atraviesa la interrupción del embarazo y aumentar los riesgos para su salud.
El acceso a un derecho no puede depender del lugar donde se vive.
Las compras centralizadas permitían planificar la provisión, reducir costos y contribuir a garantizar un piso común de acceso en todo el país. Su interrupción ocurre, además, en un contexto de debilitamiento más amplio de las políticas nacionales en salud y especialmente de salud sexual y reproductiva, que incluye reducciones en el REMEDIAR, en la compra y distribución de anticonceptivos y preservativos, el desfinanciamiento del Plan ENIA y el debilitamiento de la política nacional de Educación Sexual Integral.
Frente a una decisión estatal ya adoptada y a sus efectos concretos sobre el acceso al aborto, las organizaciones sostenemos que la intervención judicial resulta necesaria para ordenar al Estado nacional que cumpla con sus obligaciones legales y, de ese modo, prevenir que la falta de medicamentos siga generando barreras para el acceso al aborto.
