¿Dónde estuvimos las feministas de MxM en 2025?
El año 2025 quedará marcado como un período de profundo retroceso en las políticas públicas de igualdad de género en Argentina. El recorte presupuestario, la desarticulación de programas y el vaciamiento de áreas sensibles del Estado configuraron un escenario de creciente desigualdad para mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+. En ese contexto, nosotras seguimos trabajando más fuerte que nunca.
Uno de los ejes centrales del trabajo de MxM es la justicia reproductiva, entendida como el derecho a decidir sobre los cuerpos, la maternidad y los proyectos de vida en condiciones de igualdad y sin violencias. Para afianzar la autonomía sexual libre de discrimianción de género hemos trabajado desde el litigio, la provisión de servicios, la investigación y la capacitación.
Nos constituiumos como querellantes en el caso de Leticia, una niña de 11 años víctima de abuso sexual intrafamiliar que fue forzada a ser madre en el Hospital Avellaneda de Tucumán. Se trató del primer caso del país donde se investigó penalmente el delito creado por la Ley 27.610 para el personal de salud que niega, obstruye o dilata una interrupción legal del embarazo. Logramos la reparación económica de la víctima y una reparación comunitaria en la que articuladamente con el Sistema Provincial de Salud, la Fundación MxM capacitó al personal de salud del Hospital. Soledad Deza, abogada de Leticia, plantea que “En momentos donde la objeción de conciencia se enmascara para atacar mujeres en vez de para defender creencias, este proceso significa un llamado de atención para quienes continúan creyendo que desde sus lugares de poder sanitario pueden obligarnos a gestar y parir”.
Continuamos con la defensa de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, una práctica que persiste incluso bajo el marco legal vigente. Eva, una joven criminalizada en el sur de nuestra provincia acusada de homicidio agravado por el vínculo luego de tener un parto en avalancha dentro del Hospital donde estaba siendo atendida, irá a juicio oral el 13 de Mayo de 2026 luego de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolviera que es el debate oral el espacio adecuado para discutir la atipicidad del caso y las violaciones de la confidencialidad sanitaria.
Hemos sostenido nuestro litigio en defensa de Maria Magdalena, con quien hemos logrado que, luego de 12 años, se eleve a juicio oral la causa por responsabilidad profesional por violación de secreto profesional y violencias institucionales obstétricas que incluyen un legrado sin anestesia. Este juicio está programado para el 27 de Abril de 2026 y sería la primera vez que el personal de salud es enjuiciado por violar la confidencialidad sanitaria en la atención post aborto.
Nuestro litigio feminista no anduvo sólo desfilando por Tribunales. Finalmente se estrenó la película “Belén”, una defensa emblemática que llevó adelante Soledad Deza para liberar a una joven presa por un aborto espontáneo. La película que se estrenó en cines y actualmente está en la Plataforma Amazon Prime, está basada en el libro de Ana Correa, con la dirección y actuación de Dolores Fonzi y la producción de K&S. La emoción es internacional y a medida que cosecha premios, vamos camino al Oscar.
El éxito y la difusión de “Belén” nos ha proporcionado la oportunidad de participar en distintos espacios de discusión nacionales e internacionales, académicos e institucionales para poder plantear los desafíos legales que presenta la autonomía de las mujeres en tiempos libertarios. También nos abrió la puerta de medios nacionales e internacionales para poder contar qué hacemos y cómo nos preparamos para defender nuestro derecho a decidir.
Hemos realizado un Pedido de Información Pública, en conjunto con ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia Y Género), Fundación Huésped; FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), Líbera Abogacía feminista, Multi-Palabras, Casa FUSA, Colectiva Feminista La Revuelta, Consultorio de Salud Integral, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, ADEM (Asociación por los Derechos de las Mujeres), REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina), La Hoguera y el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, para conocer si había o no denuncias de obstáculos para abortos permitidos por la ley. Podemos afirmar, oficialmente, que la línea de la Dirección de Salud Reproductiva recibió 1 denuncia de obstáculo para IVE/ILE cada 15 horas en 2025.
Desde consultorio comunitario registramos 93 barreras en el acceso al aborto en el sistema publico de salud. La principal barrera fue la falta de medicación esencial —mifepristona y misoprostol— incluso en instituciones que figuran oficialmente como efectores habilitados para garantizar la práctica. Frente a este escenario, la Fundación impulsó una acción judicial por violencia institucional contra la libertad reproductiva para que el Estado provincial informe de manera clara, precisa y verificable en qué instituciones hay stock real de medicación para IVE/ILE y qué equipos de salud están efectivamente disponibles para garantizar la práctica. Para Milagros Segura y Florencia Sabaté, que escuchan todos los miércoles a las consultantes “ la falta de medicación no puede leerse como un problema administrativo menor porque desinforma, expone a humillaciones y, en algunos casos, empuja a prácticas inseguras”. En esta linea, Adriana Alvarez, tocoginecologa y socia fundadora de MxM, agrega que “ es importante seguir garantizando el derecho a decidir porque seguirán existiendo mujeres que deseen abortar con o sin la existencia de barreras u objeciones. La naturaleza no es perfecta y los anticonceptivos pueden fallar abortos habrá siempre y debemos estar aquellos que respetemos y garanticemos la ley. Si no se garantiza aborto seguro se cae en la posibilidad de la morbimortalidad materna y el riesgo de vida para muchas mujeres.”
Frente a los recortes sanitarios detectados en Tucumán, hemos iniciado una acción de amparo en representación de 3 afiliados a la Obra Social del personal estatal de Tucumán para exigir que garanticen la respuesta integral e intersectorial a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana –VIH–, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual –ITS– y la tuberculosis –TBC que asegura la Ley 26.675. En especial, para que se asegure la profilaxis preexposición (PrEP) al VIH había sido discontinuada. Malena Gato, abogada e integrante de MxM, plantea: “Es importante comprender que la libertad sexual se disputa por los consevadurismos en bloque, no actúan solo contra las mujeres sino contra toda libertad sexual”. La sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo valoró “la prevención del VIH mediante el uso de la PrEP no es una cuestión de interpretación discrecional, sino una obligación de política sanitaria y de derechos humanos que excede la mera obligación administrativa o de derecho positivo, constituyéndose en un deber ético y social prioritario. Negar o restringir el acceso a dicho tratamiento, cuando se tiene la obligación como prestador de salud, implicaría una vulneración flagrante del derecho a la salud y a la vida”
Trabajamos desde el año 2022 para que las Obras Sociales respondan por sus obligaciones con el colectivo trans a la hora de garantizar los tratamientos de salud necesarios para satisfacer el derecho a la identidad autopercibida reconocido en la Ley 26.743. Estamos brindado patrocinio gratuito a una afiliada y actualmente estamos ejecutando la sentencia con fuertes resistencias de la obra social OSPIA que incluyen una condena de astreintes dentro de un proceso constitucional de amparo tramitado en el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán cuya sentencia está firme.
En esta línea, hemos iniciado una acción de amparo contra el Estado Nacional para que la anulación y declaración de invalidez constitucional y convencional del DNU N° 62/25 del Presidente Javier Milei que prohíbe el acceso de infancias y adolescencias trans a los tratamientos previstos por la Ley de Identidad de Género. Este litigio se inició junto a la Fundación Transformando Familias, también de Tucumán.
Brindamos patrocinio gratuito a las víctimas del femicidio de Soledad Yramain, ocurrido en la localidad de Garmendia, un pueblo rural de Tucumán. Nos constituimos como querellantes para que se abra una investigación penal que determine la responsabilidad policial y judicial que cabe a quienes no investigaron para prevenir su muerte, luego de 4 denuncias previas. Sofia Gandur, socia fundadora y abogada de la familia de la víctima, advierte “La ausencia de respuestas oportunas, coordinadas y eficaces por parte de los distintos organismos estatales configura un escenario de revictimización institucional: Hay mora judicial en el dictado de la sentencia de tutela definitiva, pese a existir una guarda provisoria vigente y eso produjo efectos graves como que el ANSES suspenda el pago de la Asignación Universal por Hijo. El Ministerio de Desarrollo Social interrumpió una ayuda económica invocando razones presupuestarias y la DINAyF incumplió compromisos asumidos informalmente para mejorar las condiciones habitacionales, sin brindar canales formales de exigibilidad. El Estado desconoce si esas víctimas están bien ya que los informes ambientales se hicieron por vía telefónica o virtual, es de Sandra con los y las funcionarias judiciales”. Complementa Fernanda Mónaco, socia fundadora y psicóloga, quien sostiene que “el sustantivo acceso a justicia se ve obstaculizado por la falta de políticas públicas que permitan atender las condiciones de vulnerabilidad de mujeres, infancias y diversidades y sostener los procesos de denuncias”.
Enmarcada en la misión de prevención, sanción y castigo de la violencia institucional de género, hemos representado a una victima de acoso sexual laboral ocurrido en el ambito del Servicio Penitenciario como parte de una lucha más macro contra la violencia institucional de género que se ha recrudecido estos últimos dos años en Argentina. En esta línea, hemos trabajado activamente para defender a mujeres en los barrios de las violencias institucionales y los “trencitos” popularizados en nuestra provincia en el último tiempo. Desde la Fundación llevamos adelante la querella de A.C por la denuncia de violencia de género física, psicológica e institucional contra la Policía de Tucumán que tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos y abrió la investigación (LEGAJO S-007565/202).
Para continuar con nuestro trabajo de defensa de las infancias y adolescencias institucionalizadas, impulsamos una investigación penal luego de la muerte violenta de Agustín, un adolescente trans, ocurrida en el Hogar Santa Maria Goretti donde se alojan NNYA con problemas de cuidados parentales y en conflicto con la ley penal. Nos constituimos como querellantes en el caso “G.R.A S/ muerte dudosa n* S-039410/2025” y denunciamos el incumplimiento de deberes de cuidados de las niñas. El viernes 12 de diciembre último el Juez Guillermo di Lella, en sintonía con el planteo de la Fundación, discrepó con la resolución de archivo y coincidió con la necesidad de elaborar un Protocolo de Buenas Prácticas que contemple, entre otras cosas, la medicación psiquiátrica compulsiva, la presencia policial armada dentro de los DCI, el trato digno de hacia NNYA LGBTTI, las medidas de castigo y encierro, la capacitación del personal a cargo, etc. Florencia Sabaté, que llevó adelante un proyecto literario con niñas del DCI, recordó “desde 2019 venimos denunciando las violaciones de derechos humanos, es urgente que el Estado se ocupe de las infancias y adolescencias más vulnerables. Es una población chica, por eso podría mejorar sustancialmente sus vidas si hubiera interés estatal. El Mecanismo contra la Tortura nos está apoyando en la denuncia.”
Este año tambien hemos, desde nuestra Editorial Caleidoscópica, hemos producido este .año dos nuevos insumos para aportar al campo conocimiento feminista que nutra el dialogo y consolide derechos. Mariana Soledad Alvarez, socia fundadora, realizó un estudio sobre los discursos de odio y las tensiones que despliegan frente a la libertad de expresión en la obra “Lengua Anti-genero: discursos de odio vs libertad de expresión”. Sobre este tema, la autora plantea que los discursos de odio no son simples expresiones de intolerancia individual, sino herramientas políticas y sociales que se ven amplificadas por los algoritmos de las redes sociales. Según su análisis, estos discursos buscan deshumanizar a grupos específicos y erosionar el debate democrático, creando cámaras de eco que validan la violencia verbal. Para Alvarez, la solución no pasa únicamente por la censura, sino por fomentar una alfabetización mediática crítica y una regulación responsable que obligue a las plataformas digitales a rendir cuentas sobre cómo circulan estos contenidos en la esfera pública.
Por otro lado, Soledad Deza y Adriana Alvarez publicaron “Consentimiento informado para gestar y parir”, un insumo que invita a pensar el embarazo como un proceso invasivo en la salud de niñas y adolescentes y en la necesidad de recabar su consentimiento para llevar adelante la gestación.
Hemos continuado con la realización de los Monitoreos Feminista de Anticoncepcion y Aborto en Chaco y Santiago del Estero. Martina Palavecino, quien colaboró junto a Soledad Deza en la redacción del Insumo opinó que “Encontramos un vaciamiento en la salud pública como nunca antes habíamos visto. El recorte se observa en distintos niveles y la inestabilidad en la disponibilidad de insumos y presupuesto expone a las mujeres a una gran vulnerabilidad” Según su análisis, este deterioro no es accidental: “Cuando el conservadurismo libertario minimiza la inversión pública bajo el mote de reducir el gasto fiscal, presiona a las mujeres —especialmente a las pobres— a asumir una sobrecarga económica”, señaló. En ese esquema, agregó, “el cuerpo de las mujeres se convierte en un epicentro desde el cual se extrae el pago de las deudas, las tareas de cuidado, la resistencia y el tejido comunitario”. Sobre la experiencia en Santiago del Estero, Julieta Flores, médica resaltó: “Escuchar la opinión de cada usuaria es una herramienta subjetiva de las verdaderas barreras que encuentran estas pacientes: desde la falta de conocimiento a la falta de recursos, todo forma parte de una estadística que no se mide en el día a día cada vez que se accede a una interrupción voluntaria. Me pareció una experiencia que fortalece las bases de la salud pública y la beneficencia a las usuarias que se encuentran en un momento de vulnerabilidad por distintos motivos”.
Desde el área de investigación, estamos investigando los efectos de la criminalización del aborto dentro del Proyecto Salud Sin Miedos, una iniciativa regional busca transformar el enfoque jurídico sobre el aborto, promoviendo la generación de evidencia empírica que visibilice cómo la criminalización afecta los derechos humanos en America Latina. Esta investigación se enfoca en Argentina, El Salvador, Perú, República Dominicana, México y Ecuador y la Fundación hará la investigación en nuestro país.
Vinculando la investigación y la comunicación, en alianza con Anfibia Podcast y Mariana Carbajal, un año más apostamos por Soberanas en la producción de una segunda temporada. Estos 4 episodios cuentan la historia de la resistencia en los tiempos que corren, de aquellas que acompañan abortos y sus estrategias, cuentan la historia de nuestra Fundación y nuestra Sole, y de cómo el aborto nos cambia la vida.
Este año, desde una profunda convicción de que lo digital también es real, hemos realizado mas de 260 publicaciones en Instagram con el apoyo El CM de tu vida para la producción de contenido.
A lo largo de este año hemos participado en distintos espacios de incidencia internacional (ICFP en Bogotá, CLACAI en Bogota, Redefiniendo caminos Seguros de Womens Link Worldwide y Reproductive Justice Litigation Baraza” organizado por Afya na Haki (Ahaki)) en el entendimiento de que los temas que trabajamos se deben tejer en una agenda regional y global.
El 2025 no fue un año de espera, fue un año de trinchera y movimiento. Ante un Estado que decidió retirarse de sus responsabilidades básicas y un discurso oficial que intenta borrar nuestras conquistas, desde Mujeres x Mujeres respondimos con lo que mejor sabemos hacer: litigio estratégico, investigación territorial y acompañamiento feminista.
Cerramos este ciclo con la certeza de que, aunque el panorama sea adverso, no estamos solas ni en silencio. Donde el Estado abandona, el feminismo jurídico se planta. En 2026, nos encontrarán en las salas de juicio, en las calles y en cada espacio donde un derecho pretenda ser vulnerado. Porque frente a la política del despojo, nuestra respuesta seguirá siendo la justicia reproductiva, la autonomía y la organización colectiva.
Seguimos en pie. Seguimos juntas. Seguimos siendo MxM.
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